Editorial

En manos de la Justicia

18.06.2017 | 02:45

Tanto en la vida privada como en la pública se dan con frecuencia dilemas morales insolubles. El ensayista inglés Isaiah Berlin reflexionó al respecto al desarrollar su conocida teoría sobre el "pluralismo de valores": dos ideas igualmente válidas y encomiables pueden resultar incompatibles cuando entran en conflicto una con otra. Un ejemplo clásico lo constituye el inevitable choque entre la igualdad y la libertad como principios motores de la democracia. ¿Dónde se debería colocar el punto ideal de equilibrio entre estos dos valores fundamentales? ¿Existe acaso una única regla universal? O en el supuesto de la libertad de expresión, ¿hay –o no– límites infranqueables? La experiencia nos demuestra que las respuestas simples y maniqueas no responde al fondo de la cuestión, por lo que no queda más remedio que acudir a la casuística concreta, que permite encontrar soluciones razonables a asuntos de por sí complejos. Este sería precisamente el caso –de triste actualidad estos días– que enfrenta el respeto a la presunción de inocencia de los ciudadanos con la asunción de responsabilidades políticas, cuando la gravedad de las circunstancias y la necesidad de ejemplaridad así lo hacen recomendable. Tras las nuevas revelaciones conocidas esta semana en lo que concierne al levantamiento parcial del secreto de sumario de la investigación al empresario Bartolomé Cursach –que incluyen detalles de orgías sexuales con drogas que implicarían a políticos y funcionarios, casos de violencia física y sobornos económicos–, se hace evidente que la posición política del concejal palmesano y diputado en el Parlament, Álvaro Gijón ha quedado seriamente en entredicho y le afecta tanto personalmente como a su partido. No se trata de renunciar a la presunción de inocencia y mucho menos de realizar un peligroso –y, por desgracia, tan habitual– juicio paralelo, sino de la conveniencia de proseguir por la senda de la mayor ejemplaridad pública, en un momento en el que el prestigio y la credibilidad de la vida política española viven horas bajas. Por supuesto, esta alta exigencia a la hora de asumir responsabilidades debe ser compensada a sensu contrario por un plus de generosidad adicional en el supuesto de que los tribunales declaren finalmente inocente a la persona en cuestión.

La fortaleza del Estado de Derecho nos obliga a confiar en el trabajo, la solvencia y la independencia de nuestro sistema judicial, que confiemos sepa aislarse de las presiones, las denuncias de amenazas y todo el ruido mediático que envuelve el caso. Por ello, constituye con seguridad una equivocación la estrategia de descalificar en público a la testigo que ha denunciado las orgías sexuales financiadas presuntamente por Cursach. Se trata de un error, entre otros motivos, porque una argumentación sobre la honorabilidad del testigo no es motivo suficiente para desacreditar su testimonio, sino que este debe ser ponderado y evaluado junto con el resto de las pruebas y de los indicios. Pero al mismo tiempo, resultaría deseable que tan pronto como sea posible, el juez levante el secreto de sumario, que se prolonga ya durante varios años, y cuya excepcionalidad busca garantizar la eficacia de la investigación y de las distintas diligencias que se están llevando a cabo.

Llegados a este punto, hay que confiar que la verdad de lo sucedido se esclarezca en manos de la Justicia y podamos pasar página de forma definitiva.

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