10 de julio de 2016
10.07.2016
Editorial

Los peajes pendientes de un túnel para todos

10.07.2016 | 01:15

La confirmación del rescate de la concesión del túnel de Sóller por parte del Consell, y la consiguiente gratuidad para todos los usuarios, avanzada en exclusiva el viernes por Diario de Mallorca, es, sin duda alguna, una buena noticia. Abre la igualdad de trato para cualquier contribuyente y a la vez usuario, con la mejora que ello supone para las comunicaciones entre ambos lados de la sierra de Tramuntana y, en definitiva, toda Mallorca. Se potencia también el mejor uso turístico y comercial, la rentabilidad económica en su conjunto, con repercusiones directas, a partir de la nueva realidad, sobre los hábitos sociales. El túnel ya no será un privilegio, una vía preferente para quien pueda o no le quede más remedio que pagársela, sino un servicio público abierto a todo tipo de tráfico rodado.

Pero, pese a la firmeza de la decisión de rescate por parte del Consell, o como consecuencia directa de ella, al túnel de Sóller le queda todavía mucho reciclaje administrativo y de gestión pública. Arrastra y arrastrará durante tiempo sus propios peajes, difíciles de anular, porque desde su misma concepción en 1989 es una infraestructura –en su día la mayor obra pública de Balears– en disfunción con la época en que se perforó y la necesidad de sus usuarios. Cuando en toda España se trazaban grandes vías de acceso generalizado, aquí se optó por un túnel necesario con explotación privada. Es un lastre que se ha mantenido dos décadas, con protestas y descontento social propiciando hasta alteraciones demográficas a base de empadronamientos irreales en Sóller y Fornalutx con la única finalidad de la exención del peaje.
Si se ha hecho un legítimo negocio con la explotación del túnel no resultaría justificable que la concesionaria lo obtuviera con su pérdida, aunque, por supuesto, deben salvaguardarse todos sus derechos. La situación actual está sujeta a muchas variantes. La empresa concesionaria aspira a obtener unos 30 millones de indemnización, pero desde el Consell ya se ha aclarado que la cantidad a percibir está lejos de esta cifra. El organismo insular está dispuesto a desembolsar el lucro cesante y la inversión pendiente, con los precios que estipulen los técnicos y peritos de la Administración.
Si el peaje se hizo a destiempo, su extinción, por muy necesaria que sea, también llega tarde. Faltan 6 años para que acabe la concesión actual que ya hubiera finalizado este mismo año si en 2007 no se hubieran hecho unas obras de mejora en el túnel, a cargo de la concesionaria, que le prorrogaron la concesión hasta 2022. No ha habido calendario, previsión, ni cálculo de oportunidad.

El Consell confía en no tener problemas de liquidez para hacer frente al rescate. Aparte de fijar el importe definitivo, este punto necesita de mayor concreción. Todo depende de la procedencia de los fondos a desembolsar. El PP, desde su propia analítica del caso y experiencia de gestión anterior en el Consell, ya ha advertido que el ministerio de Fomento no aprobará desembolsos a cuenta del convenio de carreteras, porque éste sólo está concebido para obra nueva. Al túnel le quedan bastantes peajes por sortear.

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