El jefe del Estado acomodó este miércoles su agenda a las vicisitudes del conflicto catalán. Por la mañana, el consejo de ministros aprobaba el recurso contra la declaración independentista del lunes, una vez recibido el informe del Consejo de Estado, que lógicamente ha apreciado inconstitucionalidad en la resolución que declara la soberanía de Cataluña, propugna la república catalana y manifiesta la insurgencia institucional. La víspera, Zarzuela había distribuido tres fotografías de la audiencia regia al presidente del Gobierno, quien había ido a despachar las últimas decisiones sobre el que ya es el problema por antonomasia. Ayer, en un acto de la Marca España, don Felipe afirmaba certezas y ofrecía seguridad a los ciudadanos: "la Constitución prevalecerá. Que nadie lo dude". El monarca ha fijado, en fin, su posición, y lo ha hecho mediante gestos expresivos que no ponen en cuestión su neutralidad política.
El Rey, Jefe del Estado, "símbolo de su unidad y permanencia" (Art. 56.1 CE), tiene como primera obligación constitucional trabajar para mantener la indemnidad territorial, la integridad política del cuerpo físico sobre el que se extiende la Constitución. Sin embargo, su función no es ejecutiva; tan solo "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones". Dicho de otra manera, se mantiene al margen de la lucha política y apenas le es dado utilizar su influencia para impulsar los objetivos de interés general. En este caso, para contribuir a resolver el conflicto catalán. Que ha de solucionarse por métodos democráticos, aprovechando el hecho incuestionable de que la democracia es el método más refinado para resolver los conflictos.
En consecuencia, el Rey no interviene en el debate. Pero no está callado ni ocioso. En su año y pocos meses de reinado ha viajado reiterada e incansablemente a Cataluña, ha hablado con todo el mundo, ha mencionado cuando ha tenido ocasión los grandes criterios que han de regir el modelo de convivencia: el imperio de la ley, la vigencia del Estado de Derecho como garantía de igualdad€ Ha tratado de unir, de facilitar diálogos, de abrir puertas, de tender puentes. Ha hecho, en definitiva, en la medida de sus posibilidades, lo que probablemente correspondía a otros actores: combatir la incomunicación, que ha contribuido a generar el clima de hostilidad en que los rupturistas han encontrado un acogedor caldo de cultivo.
En la entrega reciente de los Premios Princesa de Asturias, el monarca fijó con precisión el mensaje que corresponde esgrimir frente a la provocación soberanista: "Nuestra democracia no es fruto de la improvisación, sino de la voluntad decidida del pueblo español de constituir España en un Estado social y democrático de derecho,[...] en el que todos, ciudadanos e instituciones, estamos sometidos, por igual, al mandato de la ley". "Respetar y observar ese marco constitucional y democrático es la garantía de nuestra convivencia en libertad. Es la garantía necesaria para que todos los españoles puedan ejercer sus derechos, [€] para que funcione ordenadamente nuestra vida colectiva. Debemos cuidar y favorecer nuestra vida en común (...) y no repetir errores del pasado" [...] "Queremos una España alejada de la división y de la discordia".
Las palabras del Rey no son directamente operativas, pero algunos pensamos que el discurso continuo de defensa de la Constitución y de los valores que ella encierra termina germinando y habilitando un clima que facilita los encuentros y encarrilla los contenciosos. Se trata, en fin, de un influjo benéfico que en esta coyuntura especial debe presionar hasta el límite de sus facultades, hasta el extremo de su capacidad de influir en las voluntades y en las conciencias.
