Durante estos años hemos visto empequeñecerse hasta la irrelevancia los organismos de igualdad de género, asistido a la desaparición de oficinas de atención a víctimas del delito, sacar de los libros y escuelas contenidos coeducativos, la degradación de los consejos de participación feminista, del Instituto Balear de la Mujer, etc. El nuevo gobierno de izquierdas capitaneado por Francina Armengol supone un halo de esperanza para resituar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres y revitalizar el feminismo en Balears.
El conservadurismo del gobierno de Mariano Rajoy ha conducido a recortes ideológicos en programas de igualdad y violencia de género que deshacen un camino emprendido años atrás. Para añadir más leña al fuego, a partir de enero de 2016 la reforma local borrará del mapa de los ayuntamientos más pequeños de toda España los servicios de proximidad para atender a las mujeres víctimas de violencia de género. Ahora bien, sin lugar a dudas, el gran caballo de batalla simbólico de la derecha, ha sido „una vez más„ los cuerpos de las mujeres: su autonomía sexual y reproductiva.
La gran movilización ciudadana impidió la derogación de la ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, una ley que reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad libre y decidida. De manera torticera y por la puerta de detrás, este verano el Partido Popular ha reformado parcialmente esta ley para impedir que las jóvenes en riesgo de violencia intrafamiliar, desamparo o desarraigo puedan abortar sin autorización de sus representantes legales. Una situación que a juicio del comité de derechos humanos de la ONU representa un grave riesgo para estas jóvenes. Las aboca a prácticas ilegales e inseguras.
Los socialistas hemos presentado una iniciativa para impulsar una estrategia de salud sexual y reproductiva en nuestra comunidad. La idea es mejorar la información, la formación, la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, especialmente entre la juventud, el acceso a anticonceptivos de última generación, a técnicas de reproducción asistida „devolviendo el derecho a las mujeres sin pareja y lesbianas que el PP por razones ideológicas eliminó„, revisar protocolos, etc. Lo que pretendemos es que se cumpla la ley aprobada en 2010. Uno podría preguntarse la necesidad de una iniciativa así, y yo misma les responderé.
Durante cuatro años, el gobierno de José Ramón Bauzá boicoteó el desarrollo de esta ley. Es más, convirtió en una carrera de obstáculos el acceso a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de aquellas mujeres que por ley podían hacerlo. Pusieron palos a las ruedas haciendo adelantar el pago para acceder a la prestación, perjudicando a las más pobres. Asistimos al despropósito de que un protocolo sanitario en materia de IVE, en lugar de pactarlo con los ginecólogos, se pactó con organizaciones de extrema derecha, negacionistas de la libertad de las mujeres. La cuadratura del círculo fue la aprobación de una ley autonómica (de protección de la mujer embarazada) „que tiene los días contados„ para crear un circuito en paralelo a la red pública donde esos grupúsculos fundamentalistas religiosos, insumisos de la ley estatal fueran subvencionados e interfiriesen en una decisión tan íntima de las mujeres.
Éste ha sido el desgraciado panorama de las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo en Balears.
Si llevamos al Parlament un reconocimiento simbólico de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos que reconoce la ley de plazos „que son catorce semanas„ además de unos supuestos específicos, es porque durante cuatro años el Govern del PP le dio la espalda a las mujeres. Porque es absolutamente necesario que las mujeres que están planteándose si continuar o no con un embarazo puedan acceder a una información veraz, neutral, objetiva, rigurosa proporcionada por los profesionales sanitarios.
El anterior Govern se alineó con los extremistas que consideran que las mujeres jamás tienen derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y que si fuera por ellos, todavía permanecería tipificado en el código penal como delito y muchas mujeres estarían en las cárceles.
El actual ejecutivo está posicionado con la legalidad, con una ley que es plenamente constitucional, avalada por el Consejo de Estado por ser equilibrada y similar a la del resto de Europa. Protegerá a todas las mujeres, respetará su libertad y dedicará más recursos a aquellas mujeres más vulnerables que deseen seguir adelante con su maternidad. No se olvidará de las criaturas una vez nacidas „ a diferencia del PP al que sólo le preocupa la vida intrauterina„ sino que apostará por el bienestar de las madres y sus hijos, a través de mecanismos como la renta básica garantizada, aumentando las becas de comedor escolar, mejorando los circuitos para la inclusión social, los programas de apoyo desde el SOIB y las subvenciones a entidades que trabajan con mujeres jóvenes embarazas.
* Diputada del PSIB-PSOE
