Los datos estadísticos de diversa índole que se van conociendo confirman, en términos macroeconómicos, que la economía española está saliendo de la recesión e ingresando en una etapa de claro crecimiento. Sin embargo, no hay indicios de que la situación real de la parte más deprimida de la población española mejore, sino al contrario.

Los signos de la recuperación no necesitan ser enfatizados: ya se ocupa el Gobierno de publicitarlos, y no se le puede criticar en absoluto por ello porque al Ejecutivo le corresponde impulsar la economía, también en la vertiente psicológica (ya se sabe que la economía es también un estado de ánimo, una cita que tiene muchos padres). Pero algunas informaciones que reflejan el sufrimiento de la gente „todavía, cinco años después del estallido de la gran crisis y más de medio año después de salir de la doble recesión„ han de abrirse paso con dificultad.

El paro registrado en las oficinas públicas de empleo sigue siendo insoportable: 4.572.000 personas en mayo, según datos oficiales. La EPA del primer trimestre „última publicada„ arroja un desempleo total de 5.933.000 personas, lo que representa una tasa de paro del 25,93%. Dicha encuesta registra un alarmante descenso del número de ocupados a tiempo completo y el número de hogares cuyos miembros están todos en paro sube hasta 1.979.000 (53.100 más que en el trimestre anterior).

Pero no sólo los parados sino también los asalariados están empeorando su posición. El boletín de junio del Banco de España subraya que las empresas no financieras han comenzado a incrementar claramente sus resultados; y sin embargo, los salarios siguen bajando, según el INE, y ya lo han hecho tres años seguidos, a pesar de que la patronal ha reconocido la conveniencia de que las retribuciones a los asalariados comiencen a subir en aquellos sectores que han salido de la crisis. Además, según la misma fuente, no deja de crecer el porcentaje de trabajadores que perciben salarios iguales o inferiores al salario mínimo: representaban el 6% del total en 2004 y ya son más del 12,5%. Ello explica que España sea, según Eurostat, uno de los países que presenta mayores riesgos de exclusión entre las personas con trabajo, sólo superado por Rumania y Grecia. En España, el salario más común es el de 15.500 euros, aproximadamente una vez y media el salario mínimo (8.979 euros en 2012). Estos datos, que ya no nos impresionan apenas después de cinco años de malas noticias, explican otros sobre pobreza infantil como los publicados por UNICEF y Cáritas, que deberían escalofriarnos.

Cuando la sensación psicológica general es de depresión y retroceso, sobrellevar la adversidad es menos duro que tener que hacerlo cuando se vive una ostensible euforia oficial que lleva incluso al Gobierno a anunciar clamorosamente una significativa bajada de impuestos, cuando todavía no hay dinero para un gasto social capaz de resolver los estados de necesidad más sangrantes (el de los dependientes, por ejemplo).

De ahí que sea muy arriesgada esta estrategia, tendente a conseguir la reconciliación ente el gobierno y la ciudadanía con claros fines electorales. Porque es posible que la gratitud de quienes mejoren su situación personal no compense la irritación de estas capas de ciudadanos que no consiguen salir de la miseria, que siguen sin encontrar oportunidades y que se indignan con todo el derecho ante el festín que empieza a celebrarse y al que ellos no han sido en modo alguno invitados.