Todos los gobiernos han ejercido con profusión el derecho de gracia, una antigua prerrogativa que hoy es un verdadero arcaísmo, al menos en su formulación actual, que proviene de 1870 (de este año es la ley "por la que establecen las reglas para el ejercicio de la gracia del indulto", modificada parcialmente por la ley 1/1988, de 14 de enero). El sistema vigente otorga al Gobierno total potestad en esta materia: la ley obliga a solicitar informes del fiscal y del tribunal sentenciador, que no son vinculantes, y fuentes de Justicia aseguran que sólo en el 4% de los casos se atiende a lo recomendado por el tribunal sentenciador.

En el siglo en curso, el récord de indultos lo tiene todavía Rodríguez Zapatero, quien en 2007 respondió positivamente al 11,26% de las peticiones realizadas para obtener la condonación de la pena, lo que significa que sacó de la cárcel a 521 de los 4.628 condenados que lo solicitaron. El indulto más incomprensible de los que otorgó el expresidente socialista fue el del banquero Alfredo Sáenz, en noviembre de 2011, poco antes de abandonar el poder.

Actualmente, siguen los indultos a buen ritmo, bajo la batuta de Ruiz-Gallardón. En 2012, el Ejecutivo firmó 501 indultos, algunos de ellos escandalosos: dos centenares de jueces firmaron un escrito al ministro protestando por el indulto concedido a cuatro mossos d´esquadra condenados por torturas; además, levantaron ampollas los indultos a dos responsables del accidente del Yak-42 y a un conductor kamikaze que había provocado una muerte.

El Gobierno no tiene, ha manifestado, intención alguna de modificar el sistema ni de renunciar a la prerrogativa, ni siquiera de someterse al control parlamentario. Este mismo mes, los populares rechazaron una iniciativa de UPyD, apoyada por PSOE, Izquierda Plural y Amaiur, que exigía al Ejecutivo detallar al menos las razones de la concesión de la medida de gracia. El PP ha esgrimido a modo de argumento que "en muchos casos el motivo afecta a la esfera íntima, personal, familiar o médica" y se ha disculpado asegurando que Justicia sólo atiende el 7% de las 7.000 solicitudes que recibe al año.

Sucede sin embargo que la corrupción, tan extendida y que afecta sobre todo a políticos, ha sensibilizado a la gente, de forma que la opinión pública se irrita al conocer la benevolencia del Gobierno y espera con contenida indignación que se resuelvan negativamente las peticiones más llamativas. Porque algunos conspicuos delincuentes alardean de que no entrarán en prisión ya que han solicitado el indulto „los tribunales deben suspender la pena, si es inferior a cinco años y se cumplen ciertos requisitos, si se solicita el indulto„. A las puertas de la prisión están, en efecto, el expresidente balear Jaume Matas, el expresidente del Sevilla Fútbol Club José María del Nido, el exalcalde popular de Torrevieja Pedro Hernández Mateo y el extorero José Ortega Cano. Todos por corrupción salvo el último, autor de un delito de imprudencia temeraria al volante con resultado de muerte.

El indulto tiene sentido cuando es recomendado por el tribunal sentenciador, que se ve obligado a veces por la propia ley a aplicar una pena superior a lo racionalmente admisible. Pero en los demás casos, constituye una vulneración clara del Estado de Derecho, que tiene en el cumplimiento de las penas uno de sus principales pilares. Ya es hora de que se vea de este modo y de que se efectúen los pertinentes cambios en la legislación.