Gibraltar no invadirá España

-Hay que estar preparado para todo. Por eso mi caballo tiene tobilleras puntiagudas alrededor de sus pezuñas.

-¿Para qué son?, preguntó Alicia con tono de gran curiosidad.

-Para protegerse contra los mordiscos de tiburones, replicó el caballero.

En efecto, nunca se sabe en qué momento puede saltar un escualo a tierra firme y abatirse sobre una caballería desprotegida. El Gobierno ha aplicado la lógica de Lewis Carroll, y ha alertado los sistemas de defensa en su declaración de guerra preventiva a Gibraltar. De la magnitud del conflicto da idea la extensión superlativa del enemigo, que ocupa un territorio trescientas veces inferior a la provincia española de menor superficie, Guipúzcoa. Sin embargo, cabe recordar que las bacterias son mucho menores que los organismos que envenenan irreversiblemente.

Según Rajoy, el país no podía despistarse de la crisis económica para abordar el caso Bárcenas, el escándalo de corrupción política de mayor calado de las últimas décadas. Sin embargo, la nación debía olvidar las cifras estratosféricas de paro para combatir la amenaza gibraltareña. La tensión ante el peligro exterior ha sido visible en las repletas playas agosteñas, aunque afortunadamente no se ha saldado con víctimas mortales por enfrentamientos entre bañistas españoles y británicos. Los artículos de opinión tienen prohibida la formulación de exclusivas, pero se puede adelantar desde aquí que Gibraltar no invadirá España.

La inestimable gestión del Gobierno ha desactivado el mayor conflicto exterior del último siglo, una labor ingente que bien merece unos sobresueldos pasados o futuros. El juez Ruz debería mostrarse sensible ante el coraje desplegado por el ejecutivo, con el mariscal Rajoy dirigiendo las operaciones mientras trotaba en su lugar de veraneo. Se ha librado la primera guerra mundial en que el ministro de Exteriores del país agredido, García-Margallo, coordinaba el esfuerzo diplomático desde un yate y luciendo un bronceado desafiante. El oscurecimiento epidérmico estaba causado sin duda por el estrés de la amenaza que se cernía sobre su país. Que vienen los gibraltareños.

El Gobierno ha combatido en inferioridad de condiciones en todos los frentes. Por ejemplo, los dominicales británicos apenas se inmutaron durante la primera semana de hostilidades, para desentenderse a continuación del conflicto entre bostezos. El tono de la información del muy sesudo The Economist viene reflejado en el sedicioso comentario de uno de sus lectores: "Estoy seguro de que los catalanes desearían ser gibraltareños. Y después, ciudadanos de un estado moderno y avanzado como el Reino Unido". No se halla muy alejado especularmente de la retórica del Gobierno y de la prensa de Madrid.

Gibraltar ha sido una crisis a la altura de Rajoy, donde ha podido desplegar su verdadera talla de estadista. Desde un principio anunció que "vamos a tomar medidas legales", marcando la diferencia con las "medidas ilegales" que reserva para la tesorería de su partido. El Gobierno ha conseguido demostrar más allá de toda duda razonable que el Peñón castiga el medio ambiente, fomenta la corrupción y favorece la evasión fiscal. Estas tres lacras se hallan ausentes por completo de suelo español, por lo que era urgente aislar al emisor de los gérmenes nocivos para evitar el contagio. Washington desplegó una política similar al cerrar las fronteras a los infectados por el virus del sida, cuando la mayor concentración y propagación del VIH se daba en el interior de Estados Unidos.

La inesperada crisis patriótica de Gibraltar demuestra que sólo una sociedad muy avanzada puede permitirse un gobernante como Rajoy, que propaga su actividad hasta rincones inaccesibles para gestores desprovistos de su sofisticación. La pulga gibraltareña ha absorbido todo un verano, desnudo de emociones de calado similar desde que se extinguió el monstruo del lago Ness. No importa que el planeta se haya carcajeado ante el espectáculo de dos potencias de segundo nivel intentando desempolvar sus entorchados imperiales. La victoria del Peñón justifica en sí misma los cuatro años de legislatura del PP, y debiera garantizar cuatro más. Como mínimo.