El conseller de Salud, Martí Sasaloni ha procurado por todos los medios circunscribir en exclusiva a las responsabilidades del hospital de Inca, las graves consecuencias derivadas de la evitable muerte por tuberculosis de Alpha Pam. Para ello ha destituido al director gerente del centro y ha abierto expediente disciplinario al coordinador de admisión, al médico de urgencias que atendió al infortunado joven senegalés y al enfermero responsable del triaje de admisión.

Lo ocurrido es extremadamente irreversible y grave. Tanto, que no puede limitarse al ámbito de una presunta negligencia médica que, de ser tal, en todo caso ha tenido el caldo de cultivo propicio en el errático cambio en el modelo de gestión de la sanidad balear y en las directrices que se desprenden de su implantación en forma de recortes de medios y personal añadidos a la constante presión para generar ahorro económico. Por todo ello, deben asumirse responsabilidades a mayor escala de las señaladas, tanto en el aspecto político como profesional. Es el punto de partida para que la Administración pueda certificar que ha tomado conciencia de lo ocurrido y que empieza a corregir la situación con solvencia.

Basta un solo dato para comprobar la involución que ha experimentado la asistencia sanitaria en Balears en menos de un año, desde que el pasado mes de septiembre entró en vigor la nueva normativa. Incluso desde antes porque, como ha quedado claro en las informaciones que se han desvelado en los últimos días, el Ib-Salut comenzó a cobrar a inmigrantes sin papeles desde antes de la modificación. A día de hoy ha retirado 20.000 tarjetas sanitarias. Esta es la cifra orientativa del número de personas del archipiélago que, al requerir algún tipo de atención, dependen de la oportunidad fortuita o aleatoria o de la buena predisposición del enfermero y el médico de turno.

La conselleria de Salud ha generado una gran inseguridad y desconfianza negando unos cobros que después, por evidentes, no ha tenido más remedio que admitir y devolver. El hospital de Inca no es el único centro asistencial en el que se ha cobrado a inmigrantes sin regularización. La negativa del PP, con su mayoría absoluta predominante, a crear una comisión parlamentaria de investigación o las airada respuesta de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Congreso, intentando limitar las circunstancias de la muerte de Alpha Pam a "uno de los errores que lamentablemente se producen" indican que no hay voluntad real de enmienda y al tiempo abonan el terreno para seguir pensando que se procura tapar alguna cosa. No alentaremos, ni mucho menos, el despilfarro en el servicio sanitario público. El gasto, el consumo y las prioridades deben regirse por el raciocinio. En este sentido sería bueno que se pusiera freno al turismo sanitario y que se tramitara el cobro efectivo de la sustanciosa deuda que pende de la Seguridad Social de algunos países europeos. Pero todo ello, racionalizar el gasto, debe ser escrupulosamente compatible con el principio de que hoy en Balears ningún ser humano, independientemente de su condición o situación legal, puede ser despojado de la sanidad universal, tanto por lo que respecta a su beneficio personal como de la colectividad. Y esto no está asegurado.

Se impone por tanto un cambio de rumbo decidido y garantista sobre el modelo sanitario balear. Casos como el de Alpha Pam no pueden repetirse en modo alguno, ni la salud puede dejarse a merced de las supuestas buenas condiciones físicas de unos inmigrantes mayoritariamente jóvenes. Si no adapta el modelo de gestión con la realidad, el Govern Bauzá será responsable del rebrote de enfermedades controladas y de la inestabilidad constante en la atención de los pacientes.