El estallido de la cuestión catalana ha puesto definitivamente sobre la mesa las carencias de la organización territorial española, con un Senado mal diseñado y por tanto inservible, y con una informal conferencia de presidentes sin competencias como único órgano de coordinación "federal" del Estado de las autonomías.
En estas circunstancias, es, a todas luces, necesaria una reforma federalizante de la Constitución, que dé coherencia interna al modelo, incluya una fórmula estable de financiación autonómica y otorgue a las comunidades autónomas la intervención en el poder legislativo que es consustancial con el federalismo. De ahí que el PSOE, que debe resolver también las fisuras que han surgido en su vínculo con el PSC, haya efectuado una propuesta federal calcada de la Constitución alemana, y que se caracteriza por dos elementos: de un lado, la cámara territorial, de reducidas dimensiones, estará formada por representantes de los gobiernos (o los parlamentos) regionales, que deberán emitir un voto homogéneo de cada territorio; de otro lado, dicha cámara tendrá capacidad legislativa en primera lectura en asuntos de relevancia territorial (leyes de bases y de financiación, estatutos de autonomía, etc.).
La propuesta socialista, con la que el PSOE trata de recuperar la iniciativa política, engarza con la posición del PSC en la cuestión soberanista en Cataluña; ahora solo falta que ambas formaciones concilien sus posiciones en esta dirección federal y aparquen su discrepancia sobre el "derecho a decidir", que pierde relevancia al tiempo que los nacionalistas aparcan sus exigencias más punzantes. Y marca, en todo caso, una posición de futuro del principal partido de la oposición que, de momento, no contará con el apoyo del PP pero puede servir de base a una negociación.
El partido gubernamental, por su parte, ya está promoviendo una reforma constitucional de menor entidad pero en el mismo sentido: el propio Senado está preparando una revisión de las funciones de la cámara alta, que requeriría una reforma constitucional simple, para permitir que legisle en las mismas materias que propone el PSOE: asuntos de relevancia territorial. El cambio de composición requeriría una reforma agravada „esto es, con disolución de las Cortes y referéndum„ y el PP prefiere aplazarla por ahora.
Es patente, en cualquier caso, que hay un vasto campo de coincidencia entre los dos grandes partidos en la reorganización de la estructura territorial del Estado, asunto en el que por fuerza deben tener también algún interés, cargado de matices, los nacionalistas. Habrá que ver cómo prosperan las negociaciones, ya que sería una lástima que el avance indudable que constituirá esta racionalización de la vieja carta magna se quedara a medio camino. El modelo del Bundesrat, muy realista, ofrece unas potencialidades evidentes y permite a los estados federados una participación muy directa en la soberanía y en el proceso legislativo.
Puede avanzarse que Cataluña no se pondrá en ningún caso al frente de la opción federal porque la obsesión nacionalista consiste en la asimetría, en dejar de participar en el café para todos, pero no cabe duda de que si se lograse una construcción federal, los soberanistas perderían la mayor parte de sus argumentos a la hora de seducir a las muchedumbres. Por ello, tiene sentido dar al estado de las autonomías, que no tiene definición constitucional „el título VIII apenas establece el procedimiento para crearlo„, consistencia y estructura, manteniendo la descentralización como desiderátum democrático de este país.
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