Podrá discutirse, tal vez con la boca pequeña, la afirmación de que todo poder es una usurpación, pero hoy parece evidente que el escritor Sciascia llevaba razón: la seguridad del poder se asienta en la inseguridad de los ciudadanos, y si nuestra organización política ha de hacer posible la coexistencia entre justicia y poltronas, va siendo hora de poner límites a las veleidades de quienes ocupan estas últimas. A la postre, ésa es la esencia de la democracia o, en otro caso, mejor la repensamos.
Así que por justicia, por estética y de paso por evitar que las repetidas castraciones del sentido común nos conviertan definitivamente en farinellis, en corifeos de voz aflautada, se me ocurren, entre otros muchos, diez mandamientos para empezar.
1.- Ha de modificarse la Ley Electoral y suprimir el Senado. Respecto a la primera, no es de recibo que el voto a una formación minoritaria cuente menos o, en una comunidad reducida, más. Cada papeleta con igual influencia, se vote en Melilla o a la Potitos. En lo que hace al Senado, podría eliminarse de un plumazo (¡ya sólo nos falta otro senador por Formentera!) y sólo se dolerían quienes viven de él, pero admitiré que la decisión se sometiera a referéndum tras publicarse cuáles han sido sus actuaciones relevantes (modificación de las decisiones parlamentarias) en los últimos años.
2.- Los políticos percibirán un único sueldo; si me apuran, el de mayor cuantía. Se acabaron las primas, finiquitos prevacacionales, Consejos de Administración y propinas por reunión habida. Tras su cese, el paro; después, a buscarse la vida como cualquier hijo de vecino y, como él, pensión a la edad de jubilación. Ni un día antes. Por lo demás, se aplicarán igual recorte salarial que el del colectivo más castigado.
3.- Exceptuando los presidentes (únicos electos), el resto de cargos digitados deberán acreditar solvencia contrastada en el área de su presunta competencia. El currículum será evaluado por un tribunal (Universidad, Colegios profesionales…) sin vinculación política alguna y que podrá aprobar o vetar en su caso. Calentar silla de Partido desde la mayoría de edad no se considera mérito, ni decir amén durante años a los dirigentes, signo inequívoco de lucidez.
4.- En los debates sobre cuestiones objetivables y que puedan afectarnos (léase reducción del profesorado, cinturón el que sea, carril bici…), participarán expertos nombrados por los organismos antes citados. Sus opiniones y eventuales discrepancias se harán públicas junto a las conclusiones, de modo que la ciudadanía alcance a discernir entre el razonamiento y un mero trágala.
5.- Se procederá a la separación absoluta entre Iglesia y Estado, sin trasvase de dineros y cada quién a lo suyo. De producirse colisión entre creencias y proyectos de ley, y de ello se derivase una puesta en solfa de los principios democráticos (instar a la desobediencia civil u otras lindezas), se resolverá por vía judicial.
6.- Durante las campañas electorales únicamente se expondrá, con calendario de plazos y recursos necesarios, aquello que se va a realizar. Las declaraciones de intenciones no figurarán en el programa. Las promesas incumplidas son un fraude social y se establecerá, a la mayor brevedad, una figura delictiva que lo contemple.
7.- Ningún dirigente político acusará a otros, explícita o veladamente y sea miembro del Gobierno o esté en la oposición, sin aportar simultáneamente las oportunas pruebas. En otro caso, se considerará difamación, la Justicia intervendrá de oficio y el susodicho será apartado del cargo (aún cuando siguiera con el sueldo) en tanto se resuelve el caso. Para los corruptos probados, la condena incluirá la devolución íntegra del botín, aunque ello suponga la incautación de bienes a sus allegados en primer grado.
8.- Los hoteleros reembolsarán, en plazo fijado y de no haberlo hecho con anterioridad, la recaudación en concepto de Ecotasa. Asimismo, el control de la economía sumergida, afecte a empresarios o asalariados, será una actividad prioritaria.
9.- Respecto a otros ámbitos, en Sanidad se auditarán las listas de espera y comenzará un debate experto sobre el copago, cuyas conclusiones serán de obligada e inmediata aplicación. Por lo que respecta a Educación, los centros concertados habrán de asumir un porcentaje de inmigrantes similar al de la escuela pública. Y por seguir con las auditorías, se someterán también a las mismas las compañías Telefónica y Gesa.
10.- Por último y para fiestas, las de cada corazoncito, de modo que se terminaron los festejos financiados con dineros públicos, sean municipales o autonómicos.
Estos diez mandamientos, para empezar, quizá no mejorasen a corto plazo la tasa de desempleo u otros males que nos aquejan, pero sin duda facilitarían el camino y, de paso, contribuirían a que todos recobrásemos un algo de confianza en el futuro. Y un mucho de dignidad.
