Incluso en época de crisis se nos exige ser políticamente correctos. A lo más se nos posibilita a no vernos obligados a decir y defender lo que no pensamos, pero si corremos el riesgo de exponer y argumentar nuestras opiniones rápidamente se nos califica como radicales por unos y otros. Yo, al no jugarme nada en el envite, ni para bien ni para mal, voy a exponer algunas realidades que gravitan en las diversas situaciones de riesgo en que nos encontramos los ciudadanos no sólo en los momentos actuales de crisis, sino también a medio plazo.
Primero. En la situación actual las desigualdades económicas y sociales aumentan. La llamada austeridad de los dineros públicos recae de modo evidente sobre los mismos de siempre. No fueron los trabajadores, ni los parados, ni las clases medias, quienes hundieron nuestra economía. Curiosamente hay dineros públicos para rescatar a entidades financieras, incluidas sus millonarias prejubilaciones, mientras no hay recursos para dedicar a políticas activas de empleo o a la cobertura de servicios públicos básicos. Artículo 31 de nuestra Constitución: "el sistema tributario (debe ser) justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad".
Segundo. La imprescindible austeridad, incluida nuestra comunidad, no tiene (o no debería tener) como objetivo reducir la prestación de servicios (sanidad, educación, transporte público…) sino mejorar su eficiencia primando el criterio de equidad. Sin duda es necesario eliminar todo lo superfluo e inútil, comenzando por las administraciones públicas, pero, ¿por qué se acude en primer lugar a la reducción de personal antes de analizar ineficacias patentes en la gestión, que quizás a posteriori (no a priori) puede exigir tal reducción? En la sanidad pública ¿qué medidas se están tomando en el uso y abuso de medicamentos?; en transporte público, ¿por qué en la EMT lo primero que se plantea es la reducción de servicios y subidas del billete antes de abordar el renting de los autobuses, que es la verdadera sangría de la compañía? ¿Por qué no se considera prioritaria la cobertura de las personas y colectivos en situaciones diversas de discapacidad, antes que abonar 10 millones de euros a la constructora del futurible y discutible Palacio de Congresos? Suma y sigue.
Tercero. Detrás de tales acciones y reacciones en tiempos de crisis, late un pensamiento político y socioeconómico de consecuencias mucho más graves. Los derechos individuales y colectivos consagrados en nuestra Constitución se están convirtiendo en "privilegios". El que goza de un trabajo, aunque sea temporal y con un salario de 850 euros, debe considerarse un privilegiado, y en consecuencia estar agradecido. El que puede disfrutar (?) de una sanidad pública de servicios mínimos debe considerarse un privilegiado, sin derecho a la queja. El que puede acceder a la escuela pública, en proceso de descrédito social y reducción de recursos, es un privilegiado aunque corra grave riesgo de fracaso o abandono escolar. Las familias con personas discapacitadas o dependientes tienen y tendrán que comprender que los dineros son escasos y aceptar con gratitud el subsidio o la beneficencia.
Cuarto. Lo más preocupante es que muchas personas, familias y colectivos, en riesgo de exclusión social y económica, viven acongojadas en su situación, cabreadas pero sin capacidad de reacción. Los "poderosos", conocedores de tales silencios, actúan sin pudor, con total desparpajo y sin complejos. Aunque comienzan a vislumbrarse algunas reacciones colectivas y públicas de rechazo de determinadas medidas de "austeridad".
¿Exageraciones? Lo dejo al libre albedrío de cada cual ¿Qué hacer? Como mínimo, no aceptar como inevitable la pérdida de nuestros derechos básicos. Hacer oír nuestras voces de ciudadanos, no de súbditos. Exigir a nuestros gobernantes propuestas claras, que definan y concreten sus prioridades en las medidas de reducción de nuestro déficit público. Y en los debates públicos, incluido Parlament y plenos, no limitarse al "tú más".
