Los boticarios de Castilla-La Mancha se enfrentan a un expediente por haber echado el cerrojo a sus establecimientos como medida de presión. La presidenta de Castilla la Nueva, que es como se llamaba antes a esa región del reino de España, se ha estrenado en su cargo dando un ejemplo de firmeza y justicia democrática al denunciar lo que considera un chantaje para lograr "condiciones más favorables a las que puedan tener otros sectores", en palabras textuales de la señora Cospedal, algo que la presidente considera "injusto para el resto" de los que también están esperando que se les pague. Pero resulta que ese alarde de ética y justicia solidaria viene precisamente de quien se niega a pagar lo que debe, sea cual sea la razón para obrar así. Todo un alarde de razonamiento, pues, que introduce nuevos aires en la filosofía moral.

Imaginemos un caso parecido al que ha llevado a Dolores de Cospedal a sus alturas intelectuales. Supongamos que una familia en apuros, es decir, cualquier familia de hoy que no pertenezca a la élite financiera, con parte de sus miembros en el paro y una hipoteca acuciante, debe qué sé yo, cualquiera de las muchas tasas e impuestos con los que la administración nos asedia. ¿El Impuesto de bienes inmuebles? ¿El IRPF? Da igual: cualquiera sirve. Con toda seguridad, el ayuntamiento, la comunidad autónoma o el ministerio de Hacienda, sea cual sea la institución reclamante, procederá a un embargo inmediato. De hecho, si la familia anda en verdaderos apuros, es probable que deba no a una sino a varias de ellas. Así que la primera que se espabile es la que logrará vaciar la cuenta corriente de los deudores, si es que tienen algo en ella. Pero ¿no es eso acaso un chantaje para lograr condiciones más favorables a las que puedan tener las demás administraciones a la cola para cobrar lo suyo? El embargo por parte de cualquiera de los acreedores es injusto para el resto. Sin más.

El ejemplo, sin embargo, hace agua. Ninguno de los farmacéuticos que cerraron a título de protesta puede embargar a la señora Cospedal, ni a su gobierno, ni a la institución que entre todos dirigen. La diferencia, la enorme diferencia que existe entre un ciudadano particular y una autoridad en el ejercicio de su cargo estriba en los medios para poder chantajear a quien haga falta. El escaño 351 por el que apuesta el candidato Rubalcaba no cambiará ni un ápice de la situación por completo desproporcionada que existe en el ejercicio del poder. Y tal vez por eso sería deseable que quienes cuentan con los mecanismos para ejercerlo mostrasen un cuidado impecable con el fin de evitar las situaciones de abuso y los atropellos. Dicho de otro modo, la señora Cospedal debería antes que nada pagar sus deudas. Para dar lecciones de filosofía moral ya tendrá tiempo y, sobre todo, mejores oportunidades. Porque la síntesis de ese conflicto es fácil de hacer: el gobierno de Castilla-La Mancha asfixia a los boticarios a causa de una morosidad abusiva. Que, encima, les expediente, suena a sarcasmo.