ANTONIO PAPELL
La corrupción descubierta en España en esta legislatura ha alcanzado una intensidad insoportable. Y la decepción de la ciudadanía ante este desagradable espectáculo exige una regeneración activa y visible de la vida pública, basada en la recuperación de los valores originarios del pluralismo democrático. Pero la experiencia demuestra que la carne es débil, y que el único medio seguro de evitar la corrupción es el de establecer los controles que la hagan imposible. En el seno de las organizaciones políticas y en las instituciones. Y tanto el cambio normativo necesario como la implantación de códigos de conducta en los partidos han de hacerse con urgencia, para evitar que se extienda en la opinión pública el descrédito de la política.
La primera norma que debe endurecerse es la ley de Financiación de Partidos, que todavía ofrece resquicios a la venalidad: no es aceptable que personas físicas o jurídicas que contratan con las administraciones públicas hagan donaciones a los partidos o las fundaciones vinculadas a ellos. También es urgente reformar el Código Penal para endurecer las penas y castigar con prisión el cohecho impropio –los regalos a funcionario sin contrapartida conocida–, una figura delictiva que deberá precisarse con rigor. La adopción de estas medidas relativas al Código Penal ya fue aprobada la pasada semana por unanimidad del Congreso, a propuesta de ERC.
A continuación, habrá que revisar íntegramente el modelo de financiación local, los sistemas de contratación de los Ayuntamientos y el papel de los tránsfugas en las corporaciones locales. De entrada, no es sostenible que hasta el 70% de la financiación local provenga del urbanismo; los ayuntamientos deben contar con un modelo de financiación estable y racional. Además, han de perfeccionarse los mecanismos de control establecidos por la ley de Bases de Régimen Local, estableciendo la obligatoriedad de la publicación del patrimonio de los concejales e imponiendo el criterio de que los contratos relevantes y los convenios de larga duración hayan de ser examinados en el pleno municipal y no en la comisión de gobierno. Finalmente, debería incluirse el Pacto Antitransfuguismo en la Ley Electoral.
En correspondencia con estos cambios, y para dar visibilidad a la reacción vigorosa de la clase política, los partidos deberán imponer códigos de conducta a sus cuadros. El Código de Buenas Prácticas que ha elaborado el PP puede servir de pauta: todos los cargos públicos deberán hacer una declaración de bienes a la entrada y a la salida de su mandato, se rechazarán los regalos de toda índole, se creará una mesa de contratación para imponer criterios de competencia y transparencia en la organización interna, etc.
Por último, también la sociedad debe poner de su parte el impulso necesario a estos cambios profundos, en forma de reproche social: en este país de pícaros, el defraudador y el ladrón de guante blanco han tenido innegable prestigio. Hora es de entender que es inaceptable el saqueo de las arcas públicas, que a todos nos defrauda, y que quienes abusan de la confianza recibida deben ser excluidos, no sólo de la política sino de todo acomodo social.
