Por más que fuerce la imaginación, me resulta imposible ver en esos dos coroneles de la Guardia Civil a un par de delincuentes. Estoy hablando de Francisco García Peña y Luis Cuadri, respectivamente jefe de la Comandancia de Balears en 2005 y 2006 y número dos de dicha jefatura durante muchos años. Cual es sobradamente conocido, a finales de año fueron declarados autores de una falsificación de documento oficial por la Audiencia, que fue tildada de dura y sorprendente: sendas penas de tres años de cárcel, multa de 1.080 euros e inhabilitación por dos años. Igualmente se condenaba a penas menores a un oficial y a un empresario incursos en la misma causa. El tribunal de aquí había hecho la lectura más grave de las alternativas de calificación de los hechos. Finalmente, ahora el fiscal del Supremo pide que sí, que dichos altos mandos de la Benemérita den con sus huesos en el talego.

Tanto "rigor" me produce un no sé qué de desasosiego, como si en toda esa historia hubiese un punto de desproporción, de decaimiento de la relación causa-efecto, de menoscabo del sentido común. El legalismo y la equidad, por desgracia, no siempre van de la mano, y –lo siento por los que tratándose de "principios" siempre parecen cogérsela con un papel de fumar– hay sentencias irreprochables desde el punto de vista del derecho procesal, que, sin embargo, chirrían. Bien, pero ¿y los hechos? Pues los hechos se circunscriben a cuando, destinado a la referida jefatura de Balears, el coronel García Peña se encontró con que el pabellón oficial que iba a ser su vivienda en no poca medida seguía haciendo "honor" a tradición de las cutres casas vivienda de la Guardia Civil. Y siguiendo la también tradición de la esclerótica administración interna del cuerpo, y dado que en el ejercicio en curso no había partida presupuestaria para ello, las perspectivas de una modesta mejora en las condiciones de habitabilidad del pabellón oficial irían muy para largo.

Todo lo que nuestra Guardia Civil tiene de reconocida y agradecida eficiencia en pro de nuestra seguridad, parece tenerlo de rigidez interna y de racanería presupuestaria por parte del poder político. En ese punto de inflexión, es donde los coroneles idearon, en maldita la hora, la chapuza, obviamente ilegal, de simular unas facturas no reales, para conseguir fondos para algunos muebles, enseres y algunas pequeñas reparaciones en el baño, todo ello por un montante de unos doce mil euros. Dinero que fue íntegramente compensado cuando finalmente llegaron los fondos de Madrid y, en ningún caso, absolutamente nadie se llevó un céntimo a la butxaca y tampoco nada de lo adquirido.

Todo está ahí, en la casa oficial, sin que por tanto se haya producido el menor detrimento de las arcas públicas. Ni se han producido daños a terceros ni se ha producido alarma social, salvo en algunos de los ya "predispuestos". Mientras, estamos ya hasta aburridos de constatar cómo políticos con estatus de poltrona, y no forzosamente de lo más principal, es como si tuvieran licencia para montarse, reformar, decorar o redecorar, suntuosos y en ocasiones faraónicos despachos, baño con jacuzzi incluido, por supuesto todo de diseño. De coches de dictador bananero o de capo de la droga, para qué contar.

Aplaudo los denodados esfuerzos, en su momento, de nuestro fiscal Ladislao Roig para conseguir unas condenas más suaves y por tanto, a mi entender, más equitativas. Y me reservo la actitud de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que pedía incluso más penas que las dictadas y que, al personarse como acusación privada, impidió que sus superiores se beneficiasen de uno de esos "pactos de conformidad" tan favorables para clanes tipo la Paca, o incluso atracadores si se tercia. No es de recibo cebarse en un ilícito como el de estas facturas, para reivindicar en el fondo cosas de mucho más calado. ¿La desmilitarización tal vez? El pabellón del Guardia Civil no ha tenido cera del Corpus. El palacete de mister Matas apuesten a que sí.