Durante aproximadamente dos años, en la mayor parte de Mallorca no va a poder implantarse ningún nuevo comercio de más de 700 metros cuadrados de superficie, mientras que en los municipios más poblados (como Palma, Inca, Manacor o Alcúdia) no se podrán superar los 2.500.

Este es el resultado de la suspensión de licencias aprobada ayer por el Consell de Mallorca y que garantiza que no van a entrar en la isla nuevas grandes superficies mientras se tramita el plan director de equipamientos comerciales. Todo ello sin que ni un solo grupo político haya rechazado la medida: recibió el apoyo de PSOE, Més y Podemos, mientras que PP, El Pi y Ciudadanos se limitaron a abstenerse.

El debate sobre el citado plan director, aprobado ayer con carácter inicial, ocupó buena parte del pleno extraordinario celebrado en la institución insular, y ni una sola fuerza política expresó su rechazo al mismo, lo que le permitió salir adelante también con la abstención de la oposición.

Hasta su aprobación definitiva, se mantendrá en vigor esta nueva moratoria sobre el sector comercial, en la que solo se permitirán comercios de un máximo de 2.500 metros cuadrados en Palma y su bahía, Marratxí, Inca, Manacor, Alcúdia y su puerto, Santa Ponça y Palmanova, mientras que en el resto de Mallorca no se podrán superar los 700 metros cuadrados.

Esta iniciativa no fue rechazada por ningún grupo, aunque desde El Pi se cuestionó que el limite máximo de 700 metros cuadrados no se implantara en el conjunto de la isla, una demanda abiertamente criticada por la consellera de Territorio, Mercedes Garrido, por considerar que suponía una decisión política y no técnica.

Porque si algo caracterizó el debate en torno a la aprobación inicial del plan director comercial es la sensación dada por la mayoría de los portavoces de los grupos políticos de que se estaba caminando sobre arenas movedizas.

Este documento, para el que ahora se abrirá un periodo de alegaciones, tiene como objetivo regular la implantación de nuevos comercios teniendo en cuenta el impacto que éstos pueden tener sobre el territorio y el medioambiente, lo que supone fijar límites al tamaño de los mismos en la mayor parte de la isla y fijar requisitos a las empresas para evitar daños al territorio.

Pero todos son conscientes de que la Unión Europea prohíbe vetar la implantación de empresas por motivos económicos. Así, todos querían dar la imagen de que los límites fijados son "técnicos" y bajo ningún concepto "políticos". Ello se debe a que a nadie se le escapa la intención de la patronal de grandes superficies de recurrir esta norma ante los Tribunales, de ahí la insistencia en asegurar que no se quiere "prohibir", sino "regular".

Con carácter general, todos los grupos políticos consideraron positivos los objetivos del citado plan (que pretende que el futuro crecimiento comercial se centre en Inca y Manacor para paliar el exceso de oferta que actualmente se registra en Palma y en algunos puntos de Marratxí), aunque la oposición optó por la abstención a la espera de negociar propuestas para aplicar posibles mejoras.

Hay que recordar que el citado plan divide la isla en cinco zonas y autoriza establecimientos con diferente tamaño máximo en cada una de ellas. En el centro de Palma y en puntos de Marratxí donde ya están implantadas grandes superficies no se fijan límites de superficie, pero se establecen duras exigencias en materia de aparcamientos, consumo energético o medidas para evitar problemas de tráfico. En Inca se podrán autorizar centros de hasta 30.000 metros cuadrados, y el máximo en Manacor será de 20.000.