La apertura de más grandes superficies en Palma se hace prácticamente imposible con elplan de equipamientos comerciales que el Consell de Mallorca quiere aprobar inicialmente el próximo día 14 (junto a una nueva moratoria que evite la concesión de licencias a alguna gran empresa hasta que se alcance la aprobación definitiva), y se deja que sea en Inca y Manacor donde se registre el futuro desarrollo del sector. La consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, confirmó ayer, durante la presentación del citado plan director, la información adelantada por Diario de Mallorca el pasado día 29.

La moratoria para grandes superficies se aprobará en el pleno del próximo día 14 y entrará en vigor en cuanto se publique en el BOIB. Su duración máxima será de dos años y solo se permitirán instalaciones de hasta 2.500 metros cuadrados, y en muchas poblaciones no se podrán superar los 700.

El plan director divide la isla en cinco zonas, y en la primera de ellas, formada por Palma y Marratxí, permite equipamientos comerciales sin límite de tamaño, pero con unos filtros tan estrictos que hacen prácticamente inviable la implantación de cualquier nuevo centro de grandes dimensiones.

Primer obstáculo para abrir una gran superficie en la capital isleña: no toda la ciudad está considerada como zona 1, y en la periferia y en muchos barrios habrá espacios en los que el máximo permitido corresponderá a los establecimientos de 700 metros cuadrados. Eso supone que el suelo para grandes equipamientos se sitúa precisamente en los lugares (como el centro de la ciudad) que están más ocupados y en las que no hay terrenos vacantes disponibles, lo que explica la ironía de Mercedes Garrido cuando durante la presentación puntualizó que "si encuentra el solar" cabe la posibilidad de que se abra algún nuevo megacentro.

La propia conselleria apuntó lo que puede suceder en el improbable supuesto de que alguna gran empresa adquiera toda una manzana de viviendas para desarrollar un nuevo centro. En este caso, el segundo obstáculo son los costes. Porque pasa a ser obligatorio un elevado número de plazas de aparcamiento, de las que además el 10% deberán ser para vehículos eléctricos; que el 50% de la energía que se consuma sea autogenerada, lo que implica la instalación de sistemas como las placas fotovoltaicas; y además deberán tomarse medidas para garantizar que la afluencia de clientes no va a colapsar el lugar, que deberán ser financiadas por el promotor. Todo ello dispara la inversión, desincentivando su puesta en marcha.

Según subrayó Garrido, Mallorca es un territorio frágil y lo que se debe de tener en cuenta son los impactos medioambientales y no los costes de las empresas.

Espacios vetados

Hay un tercer obstáculo: no se permitirán grandes comercios en los polígonos industriales, y se podrán denegar en el entorno de las vías más saturadas de Palma, como la vía de cintura, la autopista de Llevant hasta la salida a Cala Blava, y la autopista de Inca hasta la carretera de Bunyola. En el caso de Marratxí, solo se contemplan centros comerciales sin límite de tamaño donde ya están, es decir, en Festival Park y en Alcampo, mientras que en el resto de su suelo solo se autorizarán establecimientos de hasta 700 metros cuadrados.

La zona 2 la forman Inca y Manacor, donde se permiten instalaciones de hasta 30.000 metros cuadrados en la primera de estas poblaciones y de 20.000 en la segunda. La consellera reconoció que en estos dos casos resulta más fácil encontrar terrenos disponibles y su menor nivel de saturación de tráfico hace que aquí sí sea más fácil poner en marcha nuevas grandes superficies. El objetivo es crear polos de atracción comercial que reduzcan el peso de Palma.

La zona 3, formada por núcleos turísticos (Bahía de Palma, Alcúdia y su puerto, y Palmanova-Santa Ponça) podrá contar con establecimientos de un máximo de 5.000 metros cuadrados. La zona 4 (Pollença, Sóller y sus respectivos puertos, Felanitx, Campos, Andratx, sa Pobla, Can Picafort, Muro y Artà) tendrá este límite fijado en los 2.500 metros cuadrados. Finalmente, en el resto de la isla no se podrá pasar de los 700 metros para los nuevos establecimientos.

Una de las novedades expuesta por el conseller insular de Economía, Cosme Bonet, es que los Ayuntamientos podrán acceder a ayudas, por un valor global de siete millones de euros entre 2018 y 2020, para mejorar los centros urbanos comerciales y hacerlos más atractivos para el paseo, es decir, para ejes como los de Sant Miquel o Sindicat en Palma.

También se fijarán límites para la publicidad que las nuevas grandes empresas puedan instalar, y se exigirá a los municipios que determinen los espacios destinados a equipamientos comerciales.