El Govern podrá multar desde el martes todo el alquiler turístico en pisos

La facilidad para sancionar responde a dos cambios legales introducidos en la reforma de ley aprobada hace dos semanas en el Parlament y en el decreto complementario ratificado hoy por el Govern. Primero, se considera alquiler vacacional todo el que se prolongue durante menos de 30 días, de modo que quien quiera arrendar por días o semanas deberá demostrar a los inspectores (y no al revés, como hasta ahora), que sus inquilinos no son turistas, o será sancionado. Y segundo, solo está permitido comercializar a viajeros viviendas que dispongan de una autorización de la Conselleria de Turismo (con su correspondiente número), por lo que el propietario que anuncie su inmueble en portales tipo AirBNB o agencias inmobiliarias y similares sin tener esa matrícula turística se expone a una multa rápida y fácil de aplicar de entre 20.000 y 40.000 euros, sanción que se dispara hasta los 400.000 euros para la plataforma web o física que dé publicidad al anuncio.

El decreto aprobado hoy lo único que hace en realidad es devolver la ley turística a la versión que el Govern de PSOE y Més llevó ante el Parlament para su ratificación hace dos semanas. Aquel día Podemos se hizo un lío que provocó un caos solo resuelto hoy: el partido morado, votando con el PP y Ciudadanos, dejó un solo artículo, el 49, como estaba antes de la reforma propuesta por el Govern, y por el camino desactivó la prohibición de alquilar en pisos de edificios plurifamiliares (el apartamento del 4ºC o del 2ºB).

El resultado de la confusión con la que Podemos hizo lo contrario de lo que pretendía (bloquear el alquiler turístico en pisos) fue que con la nueva ley el arrendamiento a viajeros en bloques de viviendas ni estaba prohibido ni estaba permitido. Es más, el alquiler en pisos ni siquiera era considerado como opción, con lo que en la práctica el Govern no podía multarlo de forma efectiva con sanciones cinco veces más altas, como pretendía. Esa "incoherencia", como la define el propio Govern, quedará corregido el martes, con la entrada en vigor del decreto de hoy, que lo que hace, como ha enfatizado hasta seis veces el vicepresident del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més), es "dejar el artículo 49 de la ley tal y como lo propusimos".

Multar será fácil

Con lo que el Govern corrige por decreto su propia ley para dejarla a efectos prácticos igual que estaba antes de que Podemos se liase. "Lo que hacemos es dar seguridad jurídica. Hasta ahora estaba prohibido el alquiler en pisos, ahora lo seguirá estando salvo en las zonas que autoricen en los próximos meses los consells. Lo que cambia con la nueva ley es la capacidad que tenemos para perseguir la ilegalidad. Hasta ahora no era fácil demostrar que se estaba haciendo una actividad turística. Tenía que ir el inspector y se encontraban con todo tipo de respuesta y casuística compleja. Ahora será fácil perseguir el alquiler [turístico ilegal en pisos y viviendas no autorizadas]. Toda alquiler de menos de 30 días es turístico, y quien deberá demostrar que no lo es el propietario y el comercializador. Y en las plataformas si no tienen numero de registro ya está claro que es ilegal", resume Biel Barceló.

De este modo, desde el martes solo se permitirá el alquiler turístico de las viviendas que a día de hoy cuenten con una autorización de Turismo. Entre ellas no hay ningún piso, porque no estaba permitido. Sí hay casas aisladas y adosadas o entre medianeras (habituales en los pueblos). Solo esas pueden alquilarse a viajeros. Y así será durante casi un año, el plazo máximo dado por la nueva legislación a los Consells Insulars y el Ayuntamiento de Palma para que aprueban la llamada "zonificación", con la que deberán definir al detalle en qué zonas de cada isla (y en el caso del Ayuntamiento de Palma, en qué barrios y calles de la ciudad) permiten el alquiler en viviendas. También deberán explicitar qué tipos de inmuebles autorizan en cada caso. Despues de eso (y dentro de casi un año) es donde podrían empezar a registrarse en Turismo pisos para alquiler a viajeros, aunque para ello deberán estar en las zonas autorizadas por el Consell y el Ayuntamiento, que ya han avisado que serán muy restrictivos.

La emergencia cosmética

De ellos, de Consell y ayuntamientos, es la decisión final. Aunque en el decreto de hoy también se mete un nuevo artículo, el 75 de la ley turística, de contenido más bien cosmético, destinado a contentar a Podemos después de su lío. En él se dice que los Consells y el Ayuntamiento de Palma deberán tener en cuenta a la hora de autorizar el negocio vacacional en algunas zonas que en ellas no se dé una situación de emergencia por falta de vivienda para residentes. Aunque para declarar esa emergencia en la zona, el Govern deberá contar con un informe de los Consells que será vinculante, porque suyas son las competencias sobre el territorio. Resultado de este galimatías: los consells, como antes, decidirán dónde se puede alquilar a turistas y dónde no, pero el artículo salva la cara a Podemos, que llevó la ley al barranco precisamente porque quería introducir ese concepto de "emergencia habitacional" a toda costa, aunque de facto no sirva para más que lo que ya decía la ley que hicieron descarrilar.

Ofensiva legislativa contra la especualción

La ofensiva legislativa del Govern de PSOE y Més para facilitar el acceso a la vivienda en las islas se completa con una segunda ley, la de Vivienda. El proyecto se ha aprobado hoy, e incluye medidas que pretenden frenar la especulación inmobiliaria de modo que salgan al mercado viviendas vacías que estén en mano de empresas o particulares que tengan más de diez propiedades. Para lograrlo, el Govern creará un registro de solicitantes de vivienda. Cuando en él se detecte una gran necesidad de hogares en el mercado, el Govern obligará a los propietarios de más de diez viviendas a poner a disposición pública los inmuebles que llevan más de dos años desocupados. Luego serán usados para alojar inquilinos (y el rendimiento irá a parar a los propietarios, claro). En esa categoría de "gran tenedor" en la que el Govern mete a todo el que tenga más de diez viviendas hay desde particulares, a empresas inmobiliarias y bancos.

Con estos dos ejes, y otras medidas aprobadas hoy, como más ayudas al alquiler y más proyectos de vivienda social, el Govern pretende dar respuesta a "una demanda creciente de vivienda que reclama la ciudadanía", apunta el conseller de Vivienda, Marc Pons (PSIB).