Las "indeseables" y "delictivas injerencias" con las que Cursach y su entorno entorpecen "constantemente" la investigación de policías y fiscales llevaron ayer al juez Manuel Penalva a prorrogar el secreto de sumario en la causa que él mismo instruye contra la "organización criminal" que, supuestamente, lideran el dueño de BCM y sus lugartenientes, todos ellos en prisión preventiva desde hace casi tres meses. En un auto hecho público ayer, el juez detalla las maniobras dilatorias, las amenazas y las coacciones que han sufrido testigos e investigadores, antes de explicar que mantendrá vigente al menos un mes más el secreto de sumario, con el que persigue que la investigación sea "preservada de la intervención de terceros no deseados".
Cursach y sus directivos de confianza están acusados de quince delitos, algunos tan graves como corrupción de menores, narcotráfico, prevaricación, blanqueo de capitales y homicidio. Y al parecer la entrada en prisión no les ha dejado inactivos. Tanto es así que el juez en su auto asegura que las razones para mantener el secreto sobre las investigaciones están "aun más vigentes", máxime cuando, pese a las tácticas de los detenidos y su entorno para amedrentar testigos, se están logrando pruebas y datos "cada vez más incriminatorios" contra "los máximos responsables de la organización delictiva, que son los señores Cursach, Sbert y Bergas", en referencia al dueño y fundador de BCM y los dos principales ejecutivos de su emporio.
Para justificar su decisión, el juez alude a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para recalcar que puede declarar el secreto del sumario siempre que sea preciso para "evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integrad física de otra persona" o para prevenir actuaciones que puedan "comprometer de forma grave el resultado de la investigación". Y ambas circunstancias se dan, denuncia Penalva, que destaca en negrita en su auto la alusión al peligro que corren investigadores y testigos.
Detalla esos riesgos el propio juez, que advierte de que "ya se han vivido diversos y graves episodios de coacción y amenaza desde que se acordó la detención y posterior prisión" de Cursach y sus lugartenientes en BCM. Entre esos incidentes, continua Penalva, se incluye "la presunta conspiración para asesinar a una persona". Igualmente, recalca, un policía local que "colabora activamente en la investigación" sufrió un "gravísimo episodio de amenazas con arma de fuego", en el que corrió "serio peligro su integridad física".
Penalva también sale al paso de las acusaciones vertidas por la defensa de Cursach, que asegura que su cliente está en situación de "indefensión". El juez rebate que ha facilitado 270 folios de datos y pruebas para que los acusados articulen su defensa, recalca que la Audiencia de Palma así lo reconoció en abril y zanja la cuestión con contundencia, al alegar que no puede existir indefensión cuando quien la invoca "coopera con sus conducta a su producción y son precisamente los investigados y su entorno los que en buena medida contribuyen al mantenimiento del secreto".
En ese sentido, el juez denuncia de que "el continuo hostigamiento del que son víctimas los testigos, algunos incluso dentro de la propia prisión, no solo obliga a mantener el secreto de las actuaciones, además provoca que se abran nuevas investigaciones para esclarecer los continuos episodios de amenazas, presiones, coacciones". "Los investigados son los únicos responsables" de los retrasos en la investigación y la consecuente prórroga del secreto de sumario, concluye.
Visita de Moix
Por otro lado, el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix, se reúne hoy en Palma con el fiscal superior Bartolomé Barceló, y los fiscales Anticorrupción de Balears. Se prevé que en esta cita se trate la polémica del exfiscal Pedro Horrach de defender ahora como abogado a un detenido en el caso Cursach.
