La Audiencia de Palma ha rechazado la posibilidad de que Antonio Salom Martorell, el jefe de protocolo del Consell de Mallorca, evite un juicio por un presunto caso de corrupción durante el gobierno de Unió Mallorquina. El tribunal confirma los indicios de criminalidad contra este alto cargo del Consell, quien podría sentarse en el banquillo de los acusados para responder de los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.
El tribunal ha tenido que pronunciarse sobre una decisión anterior que acordó el juez Juan Manuel Sobrino, titular del juzgado de instrucción número 1, que investigó el llamado caso Minser. Se trata de una empresa próxima a Unió Mallorquina, que fue utilizada para dar trabajo a varios afiliados del partido, a cambio de contratos públicos del Consell. Los hechos se refieren a dos contratos que se adjudicaron a esta empresa, que nunca se realizaron. Minser, a cambio de 30.000 euros, debía realizar dos estudios. Uno versaba sobre los hábitos de lectura de los adolescentes y el otro era un análisis de las señales de tráfico de las carreteras de la isla. Ninguno de estos trabajos se realizó, pero el dinero se pagó tras superar el correspondiente expediente administrativo, en el que aparece la firma del entonces jefe de protocolo, ordenando su tramitación.
Por confianza
Antonio Salom alegó que si bien la firma era la suya, la plasmó en este documento por la confianza que tenía en el personal del Consell. El jefe de protocolo cargó toda la responsabilidad en la técnica que realizaba labores de apoyo y en la secretaria técnica de Presidència. Dijo que firmó los documentos sin haberlos leído previamente.
El tribunal recuerda que en estos momentos del proceso únicamente se discute si existen indicios para llevar a un imputado a juicio. Los magistrados han valorado los hechos y consideran que estos indicios existen y por tanto debe ser en el juicio cuando se profundice sobre la intervención de este alto cargo del Consell en la tramitación de estos dos contratos públicos. El auto de la Audiencia incide en que el propio Antonio Salom ha reconocido que, “al menos obró con negligencia” al firmar unos escritos que le pasaron a la firma por orden de Miquel Nadal, del que destaca que era amigo suyo. Ha reconocido también que al firmar estos documentos “faltó a la verdad”, sin olvidar que estos contratos se impulsaron desde un departamento que no era el suyo. También destaca el auto judicial que Salom confesó que el objeto de estos contratos era beneficiar a la extinta UM.
