PSIB, Més, Podemos y Gent per Formentera registraron ayer en el Parlament un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara por el que solicitan que Xelo Huertas se "abstenga de participar" hoy en la Mesa en aquellos puntos del orden del día que "le afectan directamente". La Mesa se reunirá hoy para tratar de nuevo sobre la destitución de Huertas como presidenta, tras su expulsión del grupo parlamentario de Podemos, por lo que lo más relevante de la reunión estaría afectado por esta petición.
Los partidos del Pacto se basan en el artículo 23 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015, que establece que las autoridades y personal al servicio de la administración han de abstenerse de intervenir en un procedimiento cuando, entre otros motivos, tengan "interés personal" en el asunto del que se trate o en otro cuya resolución pueda influir en él. El asunto a tratar hoy por la Mesa es la aplicación del Reglamento del Parlament cuyo artículo 39 establece que dejará de ser miembro de este organismo el que deje de pertenecer a su grupo parlamentario.
A ello añade que la disposición adicional 22 de la citada Ley establece que la actuación administrativa de distintos órganos competentes de varias instituciones, entre ellas los parlamentos autonómicos, se rigen "por lo que prevé su normativa específica". Afirman que su petición de abstención esta amparada por la Constitución
En esta misma línea, Joan Oliver Araujo defiende que Huertas debe inhibirse en la Mesa de hoy. En un artículo que aparece hoy en las páginas de opinión de este diario, el catedrático de Derecho Constitucional de la UIB afirma rotundo que "la expulsión de su grupo parlamentario [Podemos] ha provocado que la diputada Huertas haya perdido la condición de presidenta del Parlament". En consecuencia, "ya no podrá participar en dicha reunión de la Mesa de la Cámara, porque jurídicamente ya no es miembro de la misma y porque tiene interés directo en el asunto que se va a tratar".
Consecuencias
El experto constitucionalista advierte de que "la negativa de los miembros de la Mesa a cumplir el mandato del artículo 39.c del Reglamento (...) podría acarrearles consecuencias que traspasan el ámbito político". Un claro mensaje a los dos representantes del PP en el órgano de gobierno del Parlament que, a tenor del escrito registrado ayer por los populares, no están dispuestos a abandonar su apoyo a Huertas en su estrategia para retrasar su destitución.
El PP pide en su escrito que en el informe que quiere que elaboren los servicios jurídicos de la Cámara analicen todas las consecuencias "jurídicas y penales" que podría tener para la Mesa el adoptar una decisión sabiendo que Huertas ha presentado una demanda contra su expulsión de Podemos y pedido, como medidas cautelares, que no se pueda decidir su destitución hasta que los tribunales se pronuncien. Junto a ello, entre otros aspectos, los populares quieren que los servicios jurídicos del Parlament digan si es necesario "un desarrollo reglamentario previo" para aplicar el artículo 39C del Reglamento, lo que podría alargar semanas el proceso.
Huertas: "No soy tránsfuga"
Huertas, por su parte, envió ayer un comunicado en el que afirma que su conducta ha sido en todo momento "ajustada a Derecho" y que por lo tanto no puede "tolerar ser calificada como tránsfuga" ni que se le imputen "actuaciones corruptas". Según Huertas, sus actuaciones ante la justicia no solo tienen como finalidad la defensa de sus derechos fundamentales, sino también "la independencia y salvaguarda" de la Presidencia del Parlament ante "cualquier ingerencia y coacción".
En su comunicado sólo lamenta "la imagen que puede llegar a la ciudadanía, que no merece este comportamiento por parte de sus representantes", sin referirse a ella en este caso.
