El caso abierto en la Audiencia Nacional por el supuesto fraude cometido con el descuento de residente le puede acabar costando a Globalia y Air Europa otros 32,2 millones de euros. Esa es la cantidad exacta que reclama a la empresa de la familia Hidalgo la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que acusa a Globalia y su entramado empresarial de haber articulado un sistema para cobrarle siempre al Estado y su Ministerio de Fomento la máxima subvención posible, independientemente del precio pagado por el cliente.
El escrito de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene que Globalia y empresas integradas en el grupo como Air Europa y Halcón Viajes pasaban de forma generalizada "importes subvencionables superiores a los que constaban en cada billete". Presentaban para ello "no la cantidad efectivamente cobrada, sino la cuantía máxima por tarifa áerea y gastos de emisión registrada en el Ministerio de Fomento". Esta estratagema fue lucrátiva: según los cálculos de los fiscales, las empresas del grupo deberán devolver 22,7 milllones de euros en concepto de indemnización (3,6 millones son de intereses de demora), a los que se suma una multa adicional de 9,5 millones de euros.
La acusación de la Fiscalía se circunscribe a las irregularidades detectadas solo en los cargos de emisión de cada billete. Según documenta el escrito fiscal, esas tasas eran de 20 euros en los primeros años, de los que el Estado pagaba el 50%, o sea 10 euros. La cifra subió a 25 euros más tarde, de los que Air Europa reclamaba 12,5 al Ministerio de Fomento. El fraude, dice el escrito, es que siempre se le pedían al Estado esos 10 euros, primero, y 12,5 euros, independientemente de lo que de verdad se hubiera cobrado a tal efecto en cada agencia de viajes.
Los hechos fueron denunciados en primer lugar por la Confederación Española de Agencias de Viajes, que acusó a Globalia y a su aerolínea de utilizar mal un descuento creado para que los residentes insulares vean reducido a la mitad el coste de sus viajes a la península. A raíz de esa demanda contra Air Europa, Globalia depositó 19,2 millones de euros en la Audiencia Nacional. Para entonces, el propio Ministerio de Fomento ya había iniciado una investigacion propia, que continuó la policía y llevó a Globalia a pagar otros 17,7 millones euros por el mismo fraude entre los años 2010 y 2015, cantidad entregada tras un acuerdo entre Fomento y la propia aerolínea.
Ahora se confirma el golpe económico a Globalia a cuenta del supuesto fraude, que tiene responsable, el holding de los Hidalgo, pero no autor con nombre y apellidos. Al menos a efectos legales: el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, archivó el pasado 24 de octubre el proceso abierto contra el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, y contra otros directivos y accionistas del grupo, aduciendo que no era posible determinar quien había sido el responsable de idear, diseñar, ordenar y ejecutar el sistema por el que supuestamente se defraudaron millones de euros. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, en su escrito, explica ahora que el mecanismo por el que se obtuvieron ilegalmente millones de euros públicos fue muñido por una persona "no suficientemente identificada, con facultades decisorias en la sociedad acusada", una empresa familiar controlado por los Hidalgo desde su fundación. El fiscal sí explicita que las decisiones parten de Globalia Servicios Corporativos, pero poco más: "Desde allí se podían dar y se dieron en fecha desconocida instrucciones precisas a las distintas empresas del grupo sobre los criterios a utilizar en las liquidaciones de debían remitirse a la Administración". Luego el Estado pagaba y el dinero nutría la cuenta de resultados del grupo de Air Europa.
Desde que trascendieron los hechos, Globalia se ha mostrado dispuesta a asumir su error, si es que lo ha cometido. De ahí los sucesivos pagos a Fomento. Además, la Fiscalía detalla que Globalia y el resto de empresas de los Hidalgo colaboraron en todo momento para facilitar la información solicitada. El fiscal certifica que la cantidad que se exige al grupo turístico mallorquín como indemnización por fraude está ya consignada en la Audiencia Nacional, que dispone de avales bancarios por valor de 15 millones de euros.
El episodio está teniendo consecuencias más allá de Air Europa y Globalia: el Ministerio de Fomento pretende aplicar unos topes máximos en el descuento de residente a los billetes comprados por grupos, una medida "contra el fraude" que en el Gobierno central reconocen que está directamente ligada a las prácticas detectadas en Air Europa. Más allá de los hechos descritos ahora por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en Fomento encontraron también en algunas aerolíneas otros abusos tales como regalar a asociaciones, clubes deportivos, empleados, empresas y particulares billetes del mayor valor posible en cada avión, que las aerolíneas luego rentabilizaban reclamando al Estado el 50% del importe de un pasaje que había sido gratuito para el viajero.
