Los sindicatos CC OO y UGT coincidieron ayer al advertir a las empresas de transporte por carretera de las islas que van a tener que afrontar duras movilizaciones durante la próxima temporada turística si finalmente son sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y buscan derivar esos sobrecostes sobre las condiciones laborales de sus plantillas.

Tal y como adelantó ayer Diario de Mallorca, la Dirección de Competencia ha presentado ya su propuesta de resolución en la investigación abierta sobre 37 empresas del sector y su patronal, en la que reclama sanciones por faltas graves que pueden alcanzar el 10% de su facturación anual, al considerar que se creo un cártel para repartirse los servicios de transporte escolar de las islas y se alcanzaron acuerdos ilegales para fijar precios mínimos y repartirse los servicios de transporte discrecional en Mallorca.

La Federación Empresarial Balear de Transportes negó ayer su implicación en ninguna infracción de la normativa de la Competencia, pero no quisó dar más explicaciones ante el expediente abierto alegando que está obligada a mantener la confidencialidad en torno a este tema.

Sin embargo, el secretario general de la federación de transportes en CCOO-Balears, Josep Ginard, y el secretario institucional de la de UGT en las islas, Javier Marín, coincidieron en lanzar la citada advertencia a las empresas afectadas: si finalmente son multadas, ese coste no debe suponer una reducción del empleo o un empeoramiento de las condiciones laborales de sus empleados, ya que la respuesta sería una dura movilización durante la temporada turística.

Ambos recordaron los problemas que se registraron para poder cerrar un acuerdo para la firma del convenio colectivo actualmente en vigor, y se insistió en que bajo ningún concepto se va a permitir que las plantillas acaben pagando el coste de unas presuntas prácticas irregulares desarrolladas por los empresarios si finalmente se confirman las tesis esgrimidas por la Dirección de Competencia.

Respecto a estas últimas, Josep Ginard consideró que "los tentáculos de legislaturas pasadas se extienden por todos los sectores y las mangarrufas aparecen en el conjunto de la actividad económica", en referencia al cúmulo de irregularidades que se han detectado en Balears, tanto en el sector público como en el privado.

En relación a este tema, el representante de CC OO señaló que será lamentable si finalmente se demuestra que ha existido "un complot de empresas para engañar a la Administración balear", en referencia a la tesis de Competencia respecto a que el Govern se vio perjudicado al tener que pagar precios más altos para el transporte escolar al no existir realmente una competencia entre empresas para ganar los correspondientes concursos. En este sentido, consideró que la propuesta de dictamen refleja "un asunto feo".

Por su parte, Javier Marín indicó que los empresarios deben de ser conscientes de que "si hacen algo mal, se la juegan", y no ocultó que durante los últimos años se ha detectado "un ambiente extraño" en el seno del sector del transporte por carretera.

Por otro lado, desde la conselleria de Educación, en teoría la principal afectada por las presuntas prácticas irregulares, tampoco se quisieron hacer valoraciones sobre la investigación de Competencia.