El Consell de Mallorca ha decidido participar de forma activa en la modificación de la Ley del Suelo que prepara el Govern y que tiene por finalidad eliminar las medidas desarrollistas impulsadas por el PP durante la pasada legislatura. Por ello, la institución insular ha preparado toda una batería de propuestas para presentar al Govern. Entre estas propuestas destaca, según ha podido saber este periódico, la restricción de construir en zonas protegidas como Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI), Áreas Naturales de Interés Paisajístico (ARIP) y, especialmente, en las Áreas de Protección de Riesgos (APR).
El Govern emitió un decreto el pasado mes de enero donde paralizaba la Ley del Suelo aprobada por el PP durante la pasada legislatura. El objetivo era dejar sin efecto las normas desarrollistas impulsadas por los populares mientras se modificaba la citada ley. Antes del verano se iniciaron las reuniones en las que participan las diferentes instituciones y entidades para consensuar la nueva gran norma urbanística. En septiembre deben continuar las conversaciones y será cuando se presenten las propuestas.
Las del Consell de Mallorca serán de calado y entre otras cosas se aboga por acometer una gran reforma de la mayoría de leyes que tengan influencia en el ámbito urbanístico. Una de las principales que propone es modificar la Ley de Espacios Naturales (LEN). La finalidad es restringir la construcción en las zonas protegidas, especialmente en lo que se refiere a las llamadas Áreas de Protección de Riesgos. Según ha podido saber este periódico, desde el Consell incluso pueden llegar a plantear la prohibición total de edificar en estos ámbitos.
Las Áreas de Prevención de Riesgos (APR) son las zonas naturales que presentan un riesgo manifiesto de inundación, incendio, erosión o deslizamientos. Los técnicos de Territorio del Consell de Mallorca consideran que es una de las medidas clave que debería adoptar la nueva Ley del Suelo para evitar problemas con edificaciones en solares con notable peligrosidad por su ubicación.
Además, la LEN contempla toda una serie de zonas que en función de la parcela mínima de terreno se puede edificar de nueva planta. Es el caso de las Áreas de Interés Paisajístico (ARIP) que se necesitan, como mínimo, 50.000 metros cuadrados de extensión o las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) que se necesitan unos 250.000 metros cuadrados para construir una nueva casa.
Además, según ha podido saber este periódico, el Consell también propondrá al Govern modificar algunos apartados de la Ley de Carreteras para delimitar las construcciones junto a las vías o incluso reducir la publicidad para evitar distraer a los conductores cuando circulan.
Documento técnico
La consellera insular de Territorio y Urbanismo, Mercedes Garrido, explicó que se trata "de un documento técnico que han elaborado nuestros especialistas, pero el objetivo es consensuar todas las propuestas que realicen todas las instituciones en las mesas que está organizando el Govern". Garrido apuntó también que, entre las propuestas que presentarán al Govern, figura la de que la nueva Ley del Suelo contemple medidas más contundentes en materia de disciplina urbanística. De esta forma, las administraciones competentes, que son ayuntamientos y consells insulares, puedan actuar contra los infractores.
Hay que recordar que la institución insular mallorquina tiene que hacer frente a un verdadero colapso en su departamento de disciplina urbanística. Además de encontrarse 1.206 expedientes de obras ilegales sin tramitar, la cifra más llamativa es la de las 150 órdenes de demolición de infracciones urbanísticas que no se han ejecutado. Se trata de construcciones que ya se ha verificado en toda su tramitación que son del todo ilegales e ilegalizables y no fueron comunicadas a los infractores para que procedan al derribo. Uno de los principales problemas del Consell es que no cuenta con instrumentos legales para actuar de oficio y con mayor contundencia contra las construcciones ilegales.
Por otra parte, una de las principales misiones de la nueva Ley del Suelo será el de acabar con la amnistía urbanística aprobada por el PP y que permitía la legalización de construcciones en suelo rústico con más de cinco años de antigüedad y que no se hubiera resuelto su expediente de infracción. Durante el primer año se legalizaron 1.479 construcciones, 895 de ellas en Mallorca.
