El juez está siguiendo varias líneas de investigación y una de ellas se focaliza en una extraña reunión que mantuvieron un mes antes de la compra del hotel el entonces alcalde de Sóller, Carlos Simarro; el concejal de Obras, Gabriel Darder; el entonces directores general de Turismo y después conseller, Jaime Martínez, y el jefe de la inspección, Josep Francesc Ensenyat. Lo que parecía como una visita protocolaria del responsable de la conselleria de Turismo relacionada con la compra del Rocamar, terminó con un encuentro del cuarteto en el domicilio particular de Ensenyat, que casualmente se encuentra muy cerca del hotel.
Enseñnyat fue preguntado la semana pasada por esta reunión. Negó que hubiera sido un encuentro organizado. Al contrario, sostuvo que encontró a las tres personas casualmente cerca de su domicilio y les invitó a que fueran a su casa a "refrescarse". Dijo que el entonces director general, Jaime Martínez, bebió agua en su casa, pero no recordó que en algún momento hubieran hablado de los pormenores de la compra del hotel. De hecho, el alto funcionario del Govern sostiene que conoció la firma de la compra del inmueble pocos días antes de que se firmara la operación.
Para aclarar si este encuentro fue casual o fue previamente organizado, el juez quiere escuchar la versión de Simarro y de Darder. Por ello, les ha citado a declarar como testigos el día 11 de julio. El magistrado quiere conocer a qué respondía el encuentro que tuvo el alcalde de Sóller y su concejal de Obras con el alto cargo de la conselleria de Turismo, cuando el ayuntamiento de la localidad no tenía ningún tipo de participación en este operación urbanística. Quiere aclarar también el magistrado si posteriormente, en el domicilio particular del jefe de la Inspección de Turismo, que se quedó con una parte importante del dinero público con el que se compró el hotel en ruinas, se habló en algún momento de esta operación.
De momento, por esta sospechosa operación económica el juez mantiene la condición de investigado al dueño del Rocamar, al exconseller Martínez, al jefe de la inspección y a los tres funcionarios de la conselleria que elaboraron un informe oficial para desacreditar el estudio sobre valoración que había realizado un experto contratado por el Govern.
