El Parlament aprueba la renta social garantizada con un amplio consenso

La oposición se abstiene o vota en contra de los artículos en los que mantenían enmiendas, en su mayor parte tendentes a vincular esta renta con la inserción social o la laboral

05.04.2016 | 16:28
El Parlament aprueba la renta social garantizada con un amplio consenso

El pleno del Parlament ha aprobado la Ley de Renta Social Garantizada, por la que se establece unos ingresos mínimos a cargo del Govern, con el voto a favor de todos los grupos a la mayor parte del texto, aunque la oposición se abstuvo o votó en contra de los artículos en los que mantenían enmiendas, en su mayor parte tendentes a vincular esta renta con la inserción social o la laboral. "Es una Ley por la que se garantiza un mínimo de subsistencia", ha resaltado la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, en su defensa de la normativa. Santiago ha recordado que la implantación de esta ayuda será "progresiva". Así, este año podrán solicitarla las familias sin ingresos con hijos a su cargo y en próximos ejercicios se irán incorporando el resto de ciudadanos de Baleares que no cuenten con unos ingresos mínimos.

La prestación básica mensual será de 429 euros, cantidad que irá aumentando en función de los menores que haya en el núcleo familiar con un máximo de 776,58 euros. "La renta social garantizada es un pequeño avance que se hace desde un país pequeño y mal financiado y que supone lanzar el contundente mensaje de que no nos conformamos y queremos seguir avanzando en derechos", ha afirmado Santiago. Ha dejado claro que esta renta no es un instrumento de reinserción social, para lo cual existen otras ayudas al igual que para la inserción laboral, ya que sus destinatarios no son personas que tengan un problema de inserción, sino que lo que tienen es "un problema de falta de ingresos", una situación a la que la crisis ha conducido a muchas personas.

Este ha sido el motivo para rechazar parte de las enmiendas de la oposición, que de algún modo vinculaban ambas cuestiones. Sandra Fernández, del PP, ha insistido por ejemplo en que en el futuro se pudieran "unificar" esta renta con la renta de inserción y que las gestionarán los consells insulars, que "tienen estructura para hacerlo" y se "optimizarían los recursos". Además, defendió que la administración debe ayudar a las personas a encontrar un trabajo. Fernández, no obstante, ha dejado claro que se trata de una Ley necesaria, aunque "mejorable" y ha criticado que el Pacto no aceptara las enmiendas del PP por las que pedían que la Ley incluyera la obligación de que la renta esté totalmente implantada en esta legislatura. "Esta es nuestra principal crítica, porque al margen de discrepancias con la filosofía de la Ley compartimos el objetivo, pero ustedes tenían un compromiso que incumplen al no aceptar que se garantice que la aplicación total se produzca en un máximo de tres años", dijo Fernández al PSOE, Més y Podemos.

Por ello, el PP ha optado por la abstención o el voto en contra en los artículos a los que afectaban sus enmiendas. La misma postura ha adoptado Ciudadanos, para quien el Govern tiene la obligación de "ayudar a la empleabilidad" estableciendo "planes personalizados de búsqueda activa de empleo" para los beneficiarios de esta ayuda, o El Pi.

Los partidos del Pacto coinciden en insistir en que esta renta no se crea con esos objetivos, que forman parte de otras actuaciones políticas. "Lo que decimos a los ciudadanos que cumplan los requisitos es que tienen derecho a esta renta social garantizada", ha dicho el socialista Jaume Garau insistiendo en que la inserción laboral es otra cuestión que dependerá en todo caso de planes de la Conselleria de Trabajo.

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