El Govern aprobó ayer el proyecto de Ley de la renta social garantizada, que se tramitará en el Parlament por la vía de urgencia con el fin de comenzar a aplicarla lo antes posible. Para el próximo año el Ejecutivo ya ha previsto en los presupuestos de la Comunidad una partida de 20 millones de euros, con los que calcula que en 2016 la prestación llegará a entre 3.000 y 4.000 familias.

Las ayudas el próximo año se dirigirán a familias con menores que no cuenten con ingresos, para ir ampliándose en los próximos años al resto de personas sin ingresos o con pocos recursos, según explicó la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago. El Govern calcula que esta renta beneficiará en 2016 a entre 9.000 y 12.000 personas de Balears, pertenecientes a familias que están en riesgo de exclusión.

Para 2016 las cantidades que recibirán los que tengan derecho a la renta garantizada serán de un mínimo de 428 euros mensuales, para el caso de quienes tengan un hijo. Esta cantidad irá aumentando en función de los hijos menores hasta un máximo de 776,58 euros mensuales para los núcleos familiares de siete miembros. La renta social será complementaria respecto a otras prestaciones económicas que tengan el titular del derecho o cualquier integrante del núcleo familiar, hasta alcanzar el importe que corresponde. Además, tiene carácter subsidiario respecto otros ingresos económicos, de tal modo que no los sustituirá.

De acuerdo con el calendario de aplicación, la cobertura económica se aplicará primero a familias monoparentales con hijos menores de 18 años, después a familias con pareja e hijos menores y por último a núcleos familiares de parejas, personas solas u otras formas de convivencia. Santiago, quien aseguró que en los próximos años se aumentará la partida presupuestaria para ampliar el número de beneficiarios, recordó que las personas con pocos recursos que no cumplan con los criterios para 2016 podrán seguir contando con la renta mínima de inserción.

Para acceder a la renta social garantizada, los solicitantes deberán estar empadronados en Balears y acreditar una residencia en las islas de cuatro años, de los que tres años han de ser de residencia efectiva. Además, también es una condición que el núcleo familiar no disponga de ningún ingreso económico o que, si lo tiene, sea inferior al importe que le correspondería de acuerdo con el baremo de la renta social garantizada. Otro requisito es que el solicitante no tenga derecho a percibir otras prestaciones públicas que superen la cuantía económica básica de la renta social.

La consellera de Servicios Sociales resaltó el carácter de "derecho" de la renta social garantizada, de tal modo que quienes cumplan los requisitos pueden exigirla a la administración balear, al igual que ocurre con la Ley de Dependencia estatal.