El farmacéutico menorquín Cristòfol Pons ha presentado un recurso para reabrir la querella interpuesta contra el presidente y otros altos cargos del Govern por prevaricación en la adjudicación de nuevas farmacias en Balears.
Pons ha apelado ante la Audiencia de Palma el auto del juez del juzgado de instrucción número 7 que inadmitió hace unos días su querella contra José Ramón Bauzá, el conseller de Salud, Martí Sansaloni; César Vicente Sánchez ( director general de Gestión Económica y Farmacia) y Lucía Matías ( secretaria general de la Conselleria). A todos ellos les acusa de prevaricar por la parálisis del Govern a la apertura de nuevas oficinas de farmacia en las islas.
Para justificar la inadmisibilidad de la querella, el magistrado adujo que la jurisdicción contencioso-administrativa era la adecuada para resolver su queja sobre la pasividad de la Administración Bauzá en esta materia.
Por su parte, Pons entiende que sí hay indicios de criminalidad contra los querellados, a los que acusa de paralizar los concursos de méritos para permitir a apertura de nuevas boticas por intereses personales, dado que tanto Bauzá como Sansaloni y Sánchez son licenciados en farmacia y tienen relaciones con establecimientos de ese tipo, bien directa o indirectamente. El querellante también atribuyó un delito de infidelidad en la custodia de documento a la secretaria general de la conselleria de Sanidad por la pérdida de una solicitud suya para activar la apertura de farmacias.
Intereses en el sector
El farmacéutico considera en su recurso "muy difícil pensar que la conducta omisiva" del director general -el competente para convocar el concurso- , "sea tan sólo producto de su unilateral decisión y voluntad, sobre todo en un asunto como este, necesariamente tiene que tener la aquiescencia del conseller de Salud, su superior jerárquico, y por lo mismo del presidente del Govern, con interés privado en el sector farmacéutico". Pons confía ahora en que la audiencia revoque el auto y ordene al juez de instrucción seguir adelante con la investigación hasta determinar si Bauzá, Sansaloni y los dos restantes altos cargos cometen delito al frenar la apertura de los 49 establecimientos farmacéuticos autorizados en la Comunidad desde 2009.
