El juez de instrucción 7 ha inadmitido a trámite la querella, por presunta prevaricación, interpuesta contra el president, el conseller de Sanidad y el director general de Farmacia del Govern, José Ramón Bauzá, Martí Sansaloni y César Vicente Sánchez, respectivamente, a raíz de la no convocatoria de concursos para abrir nuevas farmacias. El magistrado estima que los hechos no tienen visos de criminalidad y señala al querellante, el farmacéutico Cristòfol Pons Servera, que la jurisdicción contencioso-administrativa es la adecuada para resolver sus quejas sobre la pasividad de la Administración en esta materia.
Cristòfol Pons es una persona que mantiene, desde hace años, una ofensiva legal contra el Govern de Bauzá por tener bloqueadas 51 farmacias, que ya están autorizadas, pero que no pueden abrirse al no salir los concursos de méritos para asignarles un titular.
De forma paralela a sus recursos en vía contencioso-administrativa, Pons interpuso a finales de julio una querella contra Bauzá y los otros dos exaltos cargos, a los que acusó de paralizar los concursos de méritos por intereses personales, dado que los tres son licenciados en farmacia y tienen relaciones con establecimientos de ese tipo, ya de forma directa, como en el caso del president, o indirecta.
Posteriormente, el querellante también atribuyó un delito de infidelidad en la custodia de documento a la secretaria general de la conselleria de Sanidad, Lucía Matías, por la pérdida de una solicitud suya para activar la apertura de farmacias. El juez también ha rechazado esa ampliación de la querella.
Evitar la competencia
Básicamente, Pons atribuía a Bauzá y sus dos altos cargos el bloquear los concursos para, dados sus vínculos económicos con el sector, evitar la competencia de nuevas farmacias.
El auto del juez Antoni Garcías recuerda que la mayoría de las farmacias congeladas se aprobaron por el Govern del Pacte en 2009 y nadie, ni el querellante, ni otros profesionales del sector instaron a la Administración a sacarlas a concurso en el plazo de seis meses estipulado por la ley.
El PP sucedió al Pacte en 2011, pero no fue hasta agosto del 2013 cuando Pons reactivó el tema de las aperturas. Según el juez, ha sido la crisis económica la que quitó las ganas de abrir nuevas farmacias, proyectos que no han resurgido hasta la llegada de indicios de mejoría.
"No sólo la Administración de los dos Governs últimos no convocó esos concursos, sino que, entre mediados del 2009 y mediados del 2013, es decir, más o menos cuatro años, los posibles interesados tampoco instaron esa convocatoria", resume el auto.
El magistrado añade que el Govern del PP, tal y como ha argumentado en los pleitos de lo contencioso-administrativo, no activó las oficinas por miedo a que "la crisis pudiera perjudicar el buen desenvolvimiento" de las actuales farmacias.
Según el juez, "no se observa un ánimo de lucro directo, sino el interés del buen funcionamiento del servicio farmacéutico, por lo tanto no se observa esa arbitrariedad y en consecuencia el actuar a sabiendas de su injusticia (requisitos ambos para que se dé una prevaricación)".
La fiscalía superior de Balears se opuso a la querella, al entender que no existían indicios delictivos. El auto puede recurrirse ante la Audiencia de Palma.
