La infanta Cristina basa su recurso contra su imputación en un triple argumento: carecía “de tiempo y conocimientos” para controlar las actividades de Aizoon, su consultoría familiar, y “confió”, quizás “de forma excesiva”, en su marido, Iñaki Urdangarin, que era el encargado de las finanzas domésticas. Urdangarin también presentó ayer un recurso de apelación contra su imputación donde insiste en que no cometió delito alguno.
Los abogados de doña Cristina de Borbón, Miquel Roca, Jesús María Silva y Jaume Riutord, han plasmado su recurso en 58 folios, de una cuidadosa fundamentación jurídica.
Como no podía ser menos, la tesis de las defensas es que la duquesa de Palma no cometió delitos fiscales en Aizoon, ni colaboró con su esposo en defraudaciones en el IRPF a través de esa empresa, ni incurrió en blanqueo de capitales, al gastarse fondos de la empresa familiar cuyo origen eran las malversaciones de caudales atribuidas a su marido y el dinero no pagado al Fisco.
Doña Cristina se desmarca tajantemente de Aizoon, una empresa que fundó con Urdangarin en 2003 y que recibió del Instituto Nóos centenares de miles de euros.
La hija del rey Juan Carlos se habría dedicado, “además de su actividad profesional (como alto cargo de la Fundación Social de La Caixa), al cuidado y educación de sus cuatro hijos, así como a las constantes actividades institucionales propias de una Infanta de España”.
“De estas circunstancias personales y profesionales se derivaban numerosas obligaciones cotidianas que, a menudo, comportaban desplazamientos fuera de la ciudad de residencia familiar (Barcelona) y que impedían a doña Cristina estar al corriente de las gestiones directamente vinculadas con la economía familiar”, apostilla el recurso.
El escrito de los abogados insiste en varias ocasiones en “la mayor confianza” que la duquesa de Palma depositó en su marido, del que nunca presumió que pudo dedicarse a irregularidad alguna.
El recurso remacha el clima de confianza entre los duques de Palma, algo que, por otra parte, es común a muchos matrimonios, al que debe unirse “una absoluta falta de la capacidad de sospechar siquiera que se podía estar incurriendo en alguna irregularidad”.
Roca y asociados llegan incluso a admitir que a su representada se le podría reprochar “una actuación demasiado confiada (respecto a su cónyuge), aunque tal confianza sea lo más común en la relación matrimonial”.
Ella solo ordenaba
El recurso admite que en el sumario existen pruebas de que doña Cristina pagó con fondos de Aizoon numerosos gastos particulares, como safaris, fiestas familiares, restaurantes, gasolina para sus coches o la reforma de su palacete, pero, hábilmente la exonera de culpa por esas actuaciones.
“No existe el menor indicio de que fuera ella (la Infanta) quien llevara a cabo la adquisición del correspondiente bien o servicio, ni mucho menos de que diera indicación de la imputación de cada concreto gasto a Aizoon”, alegan los letrados.
La defensa también recalca que la hermana del rey Felipe VI carecía de conocimientos en derecho fiscal, finanzas o gestión de sociedades y que todo eso lo delegaba en sus consejeros (entre ellos el asesor fiscal de la Casa Real) y su marido, que, a su vez, contaba con otros asesores.
“Nuestra mandante se limitaba a solicitar las correspondientes adquisiciones de bienes y servicios, pero eran otras personas quienes se ocupaba de adquirirlos y, se supone, de valorar la procedencia de deducir o no fiscalmente dicho gasto”.
La duquesa de Palma, frente a las tesis que mantiene la acusación popular Manos Limpias y la defensa de Diego Torres, de su excelente preparación académica y cualificación profesional, minimiza su bagaje.
“Doña Cristina solo cuenta con unos conocimientos muy básicos de fiscalidad (derecho tributario), que le impiden entrar a valorar cuestiones tan complejas como el tributo aplicable a determinados ingresos o la deducibilidad de ciertos gastos”, arguye el recurso.
Su trabajo en La Caixa es propiamente financiero, lo que incapacita a la Infanta para supervisar la marcha de Aizoon, una empresa, por otro lado, administrada por su esposo.
“Su actividad profesional se desarrolla en la Fundación La Caixa y versa sobre temas relacionados con la cooperación internacional, que nada tienen que ver con el negocio bancario que desarrolla la entidad Caixabank”.
“Tampoco de su condición de licenciada en Ciencias Políticas cabe inferir razón alguna para atribuirle especiales conocimientos en materia fiscal”.
Por otro lado, Urdangarin formuló su recurso ante la Audiencia e insistió en que Nóos no cometió delito alguno, dado que los encargos de las Administraciones Públicas se hicieron y fueron útiles. También recurrieron la acusación popular de los ediles del PSOE de Valencia, que pide la imputación de Alfonso Grau, y Jorge Vela, que reclama su exculpación. Manos Limpias pedirá la imputación de Revenga, exsecretario de las Infantas.
