El Consell de Mallorca se ha propuesto aplicar a rajatabla la nueva Ley de Función Pública del Govern que elimina el requisito del catalán a todas las plazas de funcionarios y personal laboral de las instituciones que no estén atendiendo al público. La propuesta que han lanzado a los sindicatos supone que de las 1.500 plazas de empleados públicos del Consell, solo entre 90 y 100 se les exigirá conocer la lengua de Balears. Los sindicatos no están nada de acuerdo con esta propuesta y han pedido al Consell más tiempo para poder negociar.
La polémica ley del Govern exige a todas las administraciones públicas de las islas adaptar su relación de puestos de trabajo a la nueva norma. Por ello, el Consell ha realizado la propuesta a los sindicatos.
La consellera insular de Hacienda y Función Pública, Margalida Roig, propone que para ocupar puestos de asesoramiento lingüístico se exija el nivel C2 de conocimientos del catalán y a las plazas que tengan como función principal la información y la atención al público el nivel B2. Según el sindicato STEI, de estas categorías de funcionarios existen entre 80 y 100 plazas como máximo.
Por otra parte, el resto de puestos de trabajo de la institución insular, unos 1.400, no será preciso contar con ningún nivel de catalán para acceder a estas plazas.
Tomeu Canals, representante del STEI en el Instituto Mallorquí d´Afers Socials (IMAS), explicó que las intenciones de los sindicatos son las de "negociar para conseguir un mayor número de plazas que se precise el conocimiento de catalán". "Entendemos -prosiguió Canals- que existen muchas categorías de funcionarios y empleados públicos que tienen una relación directa con la atención al público y deben conocer nuestra lengua".
Los sindicatos tienen intención de presentar una propuesta donde se pueda exigir el catalán a unas 700 plazas, ello supondría el 50% del personal del Consell de Mallorca. Consideran que los bomberos, el personal de las residencias del IMAS, entre otros departamentos, por su trabajo deben estar en constante contacto con el público y se les debe exigir el conocimiento del catalán.
Los representantes de los trabajadores del Consell han solicitado más tiempo y se han comprometido a presentar una propuesta de los puestos de trabajo en los que consideran necesario el conocimiento de la lengua autóctona de Balears. Asimismo, han recordado al Consell que se han presentado recursos contra la Ley de Función Pública al considerar que es inconstitucional por vulnerar el Estatut d´Autonomia.
La institución insular se agarra a la exposición de motivos de la polémica ley impulsada por Bauzá, donde alega que los derechos lingüísticos "están garantizados por el sistema educativo de Balears y por el hecho de que la inmensa mayoría del personal que presta servicio en la administración accedió a su puesto de trabajo estando en posesión del nivel de catalán adecuado". Esta iniciativa debe ser aprobada por el pleno del Consell para que pueda aplicarse.
