La acusación inicial que se presenta contra Guillem Riera, el primer político implicado en este nuevo escándalo de corrupción destapado por la fiscalía, incluye los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho. Sin embargo, de momento no hay ninguna prueba documental que señale que Riera pudo meterse en el bolsillo comisiones a cambio de favorecer al empresario Simó Galmés.
Las explicaciones que dio el ex director insular, que fue interrogado por la Policía tras pasar la noche encerrado en los calabozos de Jefatura, poco convencieron a los investigadores, que a diferencia de otros detenidos, no le dejaron en libertad. Se le acusa de un delito de cohecho por haber permitido, como máximo responsable político, que se abonara cada mes al empresario de UM de Portocristo 9.000 euros mensuales por un trabajo que pocas veces se llevaba a cabo. A pesar de que esta cantidad la abonaban las UTE, al final también repercutía sobre la institución insular ya que el dinero se reclamaba en las facturas que presentaban al cobro en el Consell.
Al empresario Galmés también se le imputa, entre otros delitos, malversación de caudales públicos y cohecho. Galmés fue elegido por UM para que realizara este control a cambio de un elevado sueldo. Cobraba por controlar a las UTE y tenía la obligación de presentar informes periódicos. Sin embargo, llevaba meses sin justificar su trabajo, pero no le impidió seguir cobrando.
Por otra parte, la Policía tomó declaración ayer al alcalde de Bunyola, Jaume Isern, para que explicara la política de residuos en el municipio, uno de los que realizan el reciclaje ´puerta a puerta´.
