El político Guillem Riera y el empresario Simó Galmés, ambos de Unió Mallorquina, pasaron ayer a disposición del juez de guardia de Palma, José Castro, imputados en una presunta trama de corrupción relacionada con la recogida selectiva de residuos en los pueblos de la Part Forana. El primero quedó en libertad sin fianza alrededor de la medianoche, aunque el juez ordenó que se le retirara el pasaporte y le prohibió abandonar el país. Galmés seguía declararndo a la hora del cierre de esta edición.

Riera fue director insular de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, y por lo tanto responsable de la recogida de residuos, y se ha convertido en el primer político implicado y detenido en la denominada operación Cloaca. El actual concejal de UM en Bunyola fue arrestado el pasado jueves por la noche, y durmió en los calabozos de la Policía Nacional en Palma. Asistido por el abogado Jaime Campaner, el ex director insular, que fue la mano derecha de la ex consellera Catalina Julve, fue interrogado a partir del mediodía de ayer y en su declaración defendió su inocencia. Tras declarar regresó a su celda. La Policía y la Fiscalía Anticorrupción le acusan de haber ideado el plan para pagar a las UTE facturas por trabajos que no se hacían.

A pesar de ocupar durante las últimas legislaturas el máximo cargo político en materia de gestión de residuos de Mallorca, Guillem Riera mantuvo ayer ante los investigadores que él no se encargaba personalmente de controlar la ejecución del contrato de las UTE que se encargan de la recogida selectiva de residuos. Afirmó que él únicamente controlaba esta recogida en tres pueblos: Bunyola, Esporles y Puigpunyent, pero el resto de localidades eran gestionadas por los funcionarios. En concreto, apuntó el nombre de Gabriel Perelló, el ingeniero técnico que fue detenido el pasado jueves en su despacho del Consell, pero que horas más tarde quedó en libertad a la espera de ser llamado por el juez. Perelló, defendido por el abogado Bartomeu Oliver, era el encargado de controlar el cumplimiento del contrato y los investigadores mantienen que autorizó el pago de facturas infladas a pesar de que conocía que se abonaban pagos con dinero público por trabajos que no se realizaban. Perelló mantuvo que él no marcaba las líneas de actuación en su departamento porque ya venían establecidas por los políticos. Y apuntó el nombre del director insular, Guillem Riera. Al señalar al político, los investigadores tomaron la decisión de detenerle.

El ex director insular también exculpó ayer a la ex consellera Catalina Julve y explicó a los investigadores que ella no se encargaba de controlar cuántas toneladas de basuras se recogían y cuántas se pagaban, y tampoco era su cometido comprobar que se estaba cumpliendo el contrato firmado por las UTE.

En cuanto al empresario Simó Galmés, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la cúpula de UM en el departamento de Medio Ambiente del Consell impuso a las UTE la figura de la unidad de control, un trabajo que debía desarrollar una empresa externa. La elegida fue la empresa Ses Nostres Eines S. L., que pertenece a Galmés. Éste lleva años cobrando 9.000 euros al mes por controlar la recogida de basuras, y tenía la obligación de presentar informes mensuales sobre el control de recogida, pero hace meses que no presentaba ninguno. A pesar de ello seguía cobrando el dinero que le abonaban las UTE. La Policía intenta aclarar qué tipo de relación mantenía Galmés con Riera para que le permitieran mantener este trato de favor. El ex director insular manifestó que conocía al empresario de verle por el Consell, pero negó que tuviera con él una relación personal.