Una comisión judicial visitó ayer, por segunda vez en este mes, la sede central de la Autoritat Portuària de Balears (APB), investigada dentro del llamado caso Mar Blau por un presunto trato de favor, cobro de sobornos, estafa y otros delitos relacionados con dos importantes concesiones públicas en los puertos de Maó e Eivissa. La fiscalía anticorrupción y el juzgado de instrucción 8 de Palma coordinaron el registro de ayer, que, policialmente, fue definida como "un fleco" de la operación desatada el pasado 15 del actual.

El caso se inició en 2008. Una de las piezas separadas del sumario se encuentra bajo secreto para tratar de garantizar el éxito de las pesquisas. En esa pieza se han producido los registros e interrogatorios efectuados en este mes.

Mar Blau ha salpicado a Francesc Triay, actual presidente de la APB, y a su número dos, Ángel Matías, director de la entidad dependiente del Estado central. Otros encausados son: Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la patronal CEOE y propietario entre 2006 y 2008 del Grupo Marsans; gestores y jefes de empresas del citado holding, como Trapsa Yates, adjudicatarias en la última década de codiciados y lucrativos servicios en los principales puertos de Balears; y Joan Verger, presidente de la ATB en la pasada legislatura y ex presidente del Consell de Mallorca.

Varias comisiones judiciales registraron el día 15 la sede central de la Autoritat Portuària en Palma, situada en el Moll Vell; así como locales de la empresa Trapsa Yates en Mallorca y Maó. También se visitó el domicilio particular de uno de los encartados y ubicado en Santa María. En este registro se habrían localizado algunos documentos importantes.

En las pesquisas están colaborando el Grupo de Delitos Económicos de la Policía, la fiscalía anticorrupción y la Agencia Tributaria. El primer registro en la APB se centró en algunos expedientes concretos y duró más de 12 horas. Aparentemente, los expedientes que fueron revisados concienzudamente durante ese tiempo no contenían irregularidades.

Ayer agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Policía y una secretaria del juzgado de guardia regresaron al edificio de la APB para cotejar otros datos en los mismos expedientes. El día 15, por falta de tiempo, se dejó precintado el despacho de un alto funcionario integrante de las comisiones técnicas que evaluaron las ofertas de los dos concursos. Esta dependencia fue revisada ayer.

Los investigadores están rastreando también el patrimonio de los principales encartados. Se sospecha que la presunta trama podía haber movido importantes cantidades de dinero negro u opaco a Hacienda.

Ayer la visita duró mucho menos tiempo que el día 15. La comisión judicial abandonó el Moll Vell pasadas las dos de la tarde. En el registro también participó el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que investiga los hechos junto a sus compañeros Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán.

Antes de Navidad prestaron declaración ante los investigadores cerca de diez imputados.

Tanto Triay, como su predecesor en el cargo, Joan Verger, defendieron la limpieza de los concursos para explotar unos valiosos amarres en el Club Marítimo de Maó y en Ibiza Nueva (puerto de Eivissa).