Tres asesores y empleados de Unió Mallorquina (UM) en la pasada y la actual legislatura admitieron ayer ante el juez del caso Maquillaje, una presunta trama de desvío de fondos públicos, que trabajaron para dicho partido, pero cobraron su sueldo de empresas proveedoras del Consell de Mallorca y el Govern, entre ellas Vídeo U y Minser.
Los declarantes, Jorge Joaquín Mandado, Débora Llorente y Manuel Norte Serrano, están imputados por presunta malversación de caudales y delito electoral en una pieza separada. Jorge Mandado, asesor de (UM) desde 2006 para temas de inmigración latinoamericana, responsable de la Asociación de Argentinos y ex alto cargo del Govern en esta legislatura, declaró también que el dirigente de dicho partido Josep Lliteras le pagó, en 2007, 2.700 euros del Consell a cambio de nada. Mandado había reconocido antes que cobró de dos productoras cuya propiedad es atribuida a la ex presidenta del Consell Maria Antònia Munar, sin ir a trabajar en esas empresas y mientras asesoraba a UM.
Mandado, defendido por Ricard Mesquida, ya ha empezado a devolver los 2.7000 euros al Consell. El juez de instrucción 2 ha imputado a Lliteres en esta pieza separada, donde se investiga la presunta trama de agentes electorales de UM pagados con fondos públicos directamente o, indirectamente, a través de los proveedores del Consell o del Govern.
Jorge Mandado se ratificó ante el juez Juan Ignacio Lope Sola y el fiscal anticorrupción Juan Carrau en lo manifestado en agosto en Policía y, posteriormente, en fiscalía. El líder de la Asociación de Argentinos en Balears explicó al juez cómo el director insular de Relaciones Institucionales del Consell en la pasada legislatura, Josep Lliteres, le fichó para UM cuando trabajaba en un periódico gratuito para inmigrantes en Palma.
"Eugenia Cañellas (secretaria del entonces vicepresidente del Consell Miquel Nadal), me ofreció un contrato en Ambitt Digital (una productora del grupo audiovisual Video U, propiedad, según fiscalía, de Nadal y Munar). Después fui contratado otros meses por Vídeo U, pero nunca llegué a trabajar en esas productoras", dijo Mandado.
El imputado cobró durante unos meses unos 900 euros al mes de las productoras. También recibía su salario del diario. "Nunca llegué a conocer a los jefes de esas empresas; no me extrañó que mi trabajo de asesor en UM fuera pagado por empresas privadas", afirmó.
Posteriormente, Lliteras le propuso recibir unos 2.700 euros del Consell a cambio de unas conferencias, que no se habían programado y nunca se tenían que dar, siempre según Mandado.
Para recibir ese dinero se habría falsificado una factura y un expediente. El dirigente de la colonia argentina fue nombrado en esta legislatura, y por el conseller de Deportes de UM Mateo Cañellas, director gerente del Illesport, un instituto dedicado a la promoción del deporte. Mandado cesó en ese cargo cuando las operaciones de la fiscalía anticorrupción contra la cúpula de UM forzaron la salida de ese partido del Govern.
Como alto cargo de la conselleria cobraba un sueldo bruto anual de 54.000 euros. Pablo Cañellas, un hermano de su conseller, declaró también ayer como imputado por su pertenencia al supuesto entramado de corrupción.
Mandado no admitió que sus labores de asesor de UM incluyeran la captación de votos para ese partido y la compra de esos sufragios. El encausado se limitó a explicar que, entre 2007 y este año, se dedicó a presentar a los dirigentes de UM a personas relevantes de las colonias de hispanoamericanos.
Cilma y Minser
Manuel Norte, uno de los integrantes del equipo de campaña de Miquel Nadal cuando éste se presentó para alcalde de Palma por UM. Norte, que también fue candidato a concejal en Palma, reconoció que cobró de las productoras atribuidas a Munar y Nadal sin trabajar para ellas; mientras se dedicaba a tareas de UM. El militante señaló a Cañellas y Miguel Ángel Flaquer como sus mentores en el partido.
La Policía destacó en un informe que Norte figura como empleado, entre 2004 y 2009, del Institut de L´Esport Hípic de Mallorca, un organismo del Consell de Mallorca. El encausado también cobró, sin trabajar, de Cilma (el Consell) y del proveedor Minser.
