La jornada de puertas abiertas y asesoramiento gratuito ofrecida ayer por el Colegio de Graduados Sociales de Balears contó, como no podía ser menos en una situación de grave crisis económica, con una gran afluencia de gente.

Más de ciento cincuenta personas se acercaron por el local de la calle Parelladas para ser asesorados por estos expertos en asuntos laborales y de Seguridad Social. Y dos fueron los temas recurrentes de sus consultas: las prestaciones por desempleo a las que tienen derecho y cómo actuar ante un posible despido ante la precaria situación financiera de sus empresas.

José Javier Bonet, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, explicó que los graduados sociales, pese a contar con una diplomatura especializada en derecho laboral y Seguridad Social, tienen la potestad de asistir a sus clientes en la jurisdicción social y, en caso de recurso de suplicación, ante el Tribunal Superior. "Además, si la empresa presenta un concurso de acreedores, podemos asistir ante los juzgados de lo Mercantil", explicó Bonet.

Sobre la actual reforma laboral que pergeña el Ejecutivo central, el vocal del Colegio opinó que en realidad estos cambios "son más propaganda que otra cosa. La realidad es que ya existe el despido improcedente con 33 días de indemnización en los contratos de fomento a la contratación indefinida. Las reformas laborales son coyunturales y en la actual situación es necesaria para ayudar a que el empresario pierda el miedo a contratar. ¿Merma de derechos laborales conseguidos? Quizás, pero en estos momentos las dos partes tienen que ceder algo", estimó.

Lo que está claro es que desde que la actividad económica se ralentizó en Balears en junio de 2007, "la carga de trabajo en material procesal de los graduados sociales se ha duplicado", reveló Jose Javier Bonet.