La práctica de los políticos de dividir una contratación pública en varias más pequeñas para sortear los mecanismos legales de adjudicación no es ajena al Govern del Pacto. El primer informe de la Sindicatura de Cuentas que analiza un año entero de gestión del Ejecutivo de Francesc Antich (2008) constata el abuso de los contratos menores –inferiores a 18.000 euros, y que pueden otorgarse a dedo–, y en consecuencia la vulneración de los principios de publicidad y concurrencia que deben regir en la Administración.

A lo largo de 2008, el Govern adjudicó 2.360 contratos de esta índole, lo que supone el 28% de la contratación llevada a cabo en dicho ejercicio por la Comunidad Autónoma, por un valor de casi 24 millones de euros.

De 20 expedientes de contratación menor del Servicio de Salud de Balears (IB-Salut) examinados aleatoriamente, los síndicos alertan de que "en catorce de ellos no se deberían haber producido los fraccionamientos realizados". Es el caso de hasta seis contratos distintos, pero "cuyo objeto es el mismo, al igual que su proveedor": Una campaña de información del programa de atención dental infantil, que costó 61.000 euros en total, y que fue fraccionada en contratos de entre siete y doce mil euros. O de otros tres contratos, que sumados dan 32.000 euros, "para la elaboración de informes de gestión en atención primaria para diversos centros de salud, todos ellos elaborados por el mismo proveedor", y cuyas autorizaciones de pago se hicieron "con menos de un mes de diferencia", reza el informe.

Estas irregularidades también han sido detectadas en la conselleria de Interior, donde 17 de los 20 expedientes examinados fueron fraccionados, como la compra a una misma empresa de aparatos para el control de drogas y alcoholemia, por un total 42.000 euros, y cuya adquisición se produjo con tan solo seis días de diferencia.

La conclusión de la Sindicatura, en este y en otros muchos procedimientos, es que "la tramitación conjunta de estos contratos habría implicado la aplicación" de las preceptiva legislación "en cada caso, y por tanto, una mayor garantía respecto a los principios de publicidad y concurrencia".

Los síndicos piden al Govern que "haga un uso cuidadoso de los contratos menores, sin incurrir en el fraccionamiento del objeto del contrato".