La compra de varios vagones y locomotoras por parte del Govern en 2008, y que superó los 54 millones de euros, pudo tramitarse de manera irregular y beneficiar al mismo proveedor que anteriormente trabajó para el Ejecutivo, según se desprende del informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a dicho ejercicio, que se hizo público ayer. Los síndicos han analizado varios contratos que llevó a cabo Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), entidad dependiente de la conselleria de Movilidad, y han hallado deficiencias llamativas en el suministro de material móvil eléctrico para la línea Palma-Inca, por un importe de 54.230.000 euros. El expediente se adjudicó por procedimiento negociado y sin publicidad –se invita a tres empresas a que presenten presupuesto, y se elige el más conveniente–.

La principal deficiencia que observan los síndicos se refiere a la selección del contratista. En 2005, SFM contrató mediante un concurso abierto "seis unidades motor-motor por importe de 13,16 millones de euros", con una opción de compra de otros seis vagones, a ejecutar antes del 27 de setiembre de 2008. Sin embargo, SFM no sólo adquirió estos seis vagones-locomotora eléctricos para destinar a la línea de metro Palma-UIB, sino además otros 5 vagones-motor eléctricos y 11 remolques-motor, que suman los 54 millones citados.

Según la Sindicatura, "el primer contrato del año 2005 ha condicionado la selección del contratista de esta y de futuras adquisiciones, y podría limitar, por tanto, la aplicación del principio de concurrencia".