El juzgado de lo penal 4 de Palma ha comenzado hoy el primer juicio de la "operación Relámpago" de supuesta corrupción, con el empresario sueco Jan Peter Granlund y el abogado Gabriel Feliu en el banquillo de los acusados de un delito fiscal por evadir el pago a Hacienda de 153.123 euros.
La causa que se ha comenzado a juzgar hoy y se retomará mañana corresponde a una de las piezas de la "operación Relámpago", abierta en 2007 y correspondiente a una supuesta trama de blanqueo de capitales en la que participó el bufete de abogados Feliu de Palma.
La Fiscalía Anticorrupción pide para Granlund -con residencia fiscal en Dubai- 3 años y seis meses de prisión y una multa de 700.000 euros y para Feliu 3 años y diez meses de cárcel más una multa de 600.000 euros.
También está acusado en este juicio Francisco Alcover Bisquerra, que se enfrenta a dos años y medio de cárcel y una multa de 500.000 euros.
En su escrito de acusación, el fiscal acusa a Granlund de ser autor de un delito contra la Hacienda por haber defraudado supuestamente 153.123 euros en la venta de una sociedad española, Capitiva Balearic 2000, que solo tenía en propiedad un inmueble situado en el Puerto de Polleça y valorado en un millón de euros.
Esta sociedad española era propiedad de otra sociedad, Victoria Plane Limited, a nombre de Granlund y con domicilio en las Islas Vírgenes (un paraíso fiscal).
La venta de la sociedad se escrituró en 2004 por 475.000 euros, cuando realmente se vendió, según la Fiscalía, por 875.000 euros, con lo que el resto de dinero se pagó en negro.
El ministerio fiscal sostiene que Granlund usó la sociedad Capitiva Balearic, asesorado por Gabriel Feliu -acusado en calidad de colaborador-, para "esconder la verdadera titularidad de las diversas propiedades que eventualmente tuviera en España y para que, de este modo, no apareciera su nombre como propietario y así poder eludir sus obligaciones tributarias".
En las cuestiones previas de la vista celebrada hoy, los abogados han pedido la recusación del juez (que ya fue rechazada por la Audiencia de Palma) y la nulidad del registro al registro al bufete feliu (también denegada en su momento por la Audiencia).
El primero en declarar ha sido Alcover, que era el administrador único de Capitiva Balearic y que, según el fiscal, colaboró con los otros dos acusados en la labor de ocultación y omisión de obligaciones tributarias.
Alcover, defendido por Enric Patino, ha dicho que él solo firmada todo lo que le daba Feliu y que no se fijaba en si las empresas estaban domiciliadas en paraísos fiscales o no.
También ha declarado Feliu, defendido por Ramón Riutord, que no ha respondido a las preguntas del fiscal Juan Carrau ni de la Abogacía del Estado.
Granlund ha respondido a las preguntas del fiscal, que le ha preguntado si cobró una renta de 475.000 euros y de 330.000 euros más por vender la sociedad española propietaria de la casa, a lo que ha contestado que sí.
El empresario sueco, mediante su abogado, José Zaforteza, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el cual ya ha abonado voluntariamente una suma de los 133.000 euros que, descontando gastos de pago a la inmobiliaria, supuestamente defraudó a Hacienda.
Por este motivo, previsiblemente el fiscal pida mañana una rebaja de la pena para Granlund.
