Miquel Nadal y Miquel Àngel Grimalt, que en 2003 eran, respectivamente, vicepresidente y director insular de Territorio en el Consell de Mallorca, atribuyeron ante el juez del caso Plan Territorial de Mallorca (PTM), una presunta trama de corrupción político-empresarial en la pasada legislatura, al Partido Popular (PP) la introducción en dicho instrumento de ordenación el área de reconversión territorial (ART) de Alcùdia a Es Secar, un presunto pelotazo urbanístico millonario. La propuesta se habría hecho en una reunión celebrada en el Parlament a principios de noviembre del 2003, pero Jaume Font, conseller de Medio Ambiente del PP en 2003, declaró, en mayo del 2008 ante el mismo juez, que en la cumbre del Parlament "no se incluyó en ningún momento ninguna área de reconversión territorial".
El caso PTM nació en diciembre de 2007 cuando la fiscalía anticorrupción denunció un presunto entramado en torno a la aprobación de esa norma de planificación. La denuncia de la fiscalía versó sobre los cambios de calificación urbanística en varias fincas de los municipios de Sóller, Campos, Marratxí, Pollença y Alcúdia. Gracias a la elaboración del PTM alrededor de mil hectáreas (un millón de metros cuadrados) pasaron de ser suelo rústico, o no urbanizable, a suelo urbanizable.
La fiscalía anticorrupción cuantificó en su denuncia en 297 millones de euros (casi 50.000 millones de pesetas) el alcance de los pelotazos (plusvalías) obtenidos por los promotores que compraron fincas rústicas recalificadas como urbanas.
En el sumario están imputados Jaume Font, Bartolomé Vicens, ex conseller de Territorio en el Consell de Mallorca por UM en la pasada legislatura, los promotores Mateo Sastre (Ibercon) y Vicenç Grande (Grupo Drac), entre otros.
Vicens, defendido por Eduardo Valdivia, también atribuyó al PP la iniciativa para incluir en el Plan el área de Alcúdia. Según la fiscalía, esta operación consistía en traspasar a una finca de Es Secar los derechos urbanísticos de dos zonas de Alcúdia (una de ellas conocida como AS-16). Mateo Sastre compró la AS-16 y otros terrenos en Es Secar. Posteriormente, los derechos urbanísticos se trasmitieron al predio de Es Crevers, en Marratxí, que Grande adquirió a Sastre.
La fiscalía anticorrupción calcula que el pelotazo inmobiliario rondó los 100 millones de euros, la diferencia de valor de es Crevers como suelo rústico a suelo urbanizable.
