"La corrupción sale barata a los políticos por los bajos costes penales"

Los protagonistas de este encuentro convocado por Diario de Mallorca son Javier Capó, profesor del departamento de Economía Aplicada de la UIB; Carlos Hernández, abogado de la asociación de consumidores ACUIB; Antoni Roig, rector honorario de la UIB; Catalina Cantarellas, catedrática de Historia del Arte; y Maria Francisca Simonet, representante del Lobby de Dones. Cinco personas con respuestas ante la parálisis de la clase política.

–Después de la última crisis de gobierno, ¿qué debería hacer Francesc Antich?

Antoni Roig. "Ninguno de los partidos desea elecciones anticipadas. Esto continuará tal como está, con un vodevil o una comedia hasta que lleguen los próximos comicios. Ninguna formación debería pactar con Unió Mallorquina. A la larga, lo único lógico es un entendimiento entre PSOE y PP".

Carlos Hernández. "Los partidos se dan una última oportunidad. Me parece razonable. Es una pena que no hayan destinado el esfuerzo en resolver sus cuitas internas a la búsqueda de soluciones para el ciudadano. El adelanto de las urnas será inevitable si continúan las tensiones. Entiendo que el PP pida que no le llamen mientras persistan los enfrentamientos".

Javier Capó: "Las elecciones anticipadas suponen una paralización de la sociedad balear durante un periodo demasiado largo, y con una situación económica difícil de trasfondo. El presidente necesita acuerdos. Debería hablar con todos los partidos y exigir un compromiso de tolerancia cero con la corrupción. Es importante plantear pactos puntuales entre todos los partidos para resolver cuestiones pragmáticas que son prioritarias y no tienen un cariz ideológico".

Francisca Simonet: "Continuar con el grupo que gobierna, pero siendo muy exigentes con los imputados".

Catalina Cantarellas: "El equilibrio de poder no creo que cambie con unos nuevos comicios. Antich se ha comportado como un buen negociador desde el punto de vista de la praxis política. Defiendo los pactos puntuales, pero sin la necesidad de que sigan unidos. No obstante, ¡alcanzar el entendimiento con el PP es tan difícil!".

–¿Cómo ha llegado Balears a esta situación?

Antoni Roig. "El nivel del debate político intelectual es cero, una nada, una mediocridad completa. ¿Qué se puede esperar? Nos encontramos con el gobierno español, el autonómico, el insular y los ayuntamientos. Esta estructura genera redundancias, una complejidad de gestión brutal y unos costes económicos elevadísimos. Además, la burocracia excesiva propicia hacer las cosas mal y meter la mano en la bolsa. Cuanto más sencillo es el sistema, más difícil resulta incurrir en corrupción".

Javier Capó. "Al margen de ser éticamente reprobable y jurídicamente ilegal, el fenómeno de la corrupción tiene un elemento de racionalidad. El contexto la favorece. La corrupción implica un intercambio. Así, un político o funcionario vende un bien o servicio público –trámite burocrático, contrato, concesión– a cambio de un beneficio personal –soborno o crecimiento dentro del partido–. Al mismo tiempo, alguien está dispuesto a pagar por ese favor y el precio para corromper depende de lo costoso que suponga cumplir la ley. En algunos ámbitos, el seguimiento de la norma resulta muy gravoso, por ejemplo, en urbanismo. Estos beneficios se comparan con los costes. Los costes de tener un comportamiento corrupto son pequeños tanto desde el punto de vista penal, como político –el desgaste electoral de los partidos es escaso– y social –la gente lo da por hecho y no lo considera una lacra social–. Si comparamos los beneficios con los costes, la decisión racional aboca a la corrupción porque es muy lucrativa y poco costosa.

Carlos Hernández. "En efecto, es tentador porque los costes penales, sociales y políticos son reducidos. También es cierto que, en comparación con épocas anteriores, la sensación de impunidad ha mermado desde que se han dictado algunas condenas".

Catalina Cantarellas. "Preferiría un enfoque más abstracto. Yo creo que es la sinrazón la que conduce a la corrupción. Es decir, la falta de una ética mínima o dignidad humana. Hay gente que no lo hace ni lo hará nunca. Justificar lo que está pasando porque la democracia es reciente... Así nunca creceremos. Mientras tanto, se mantiene una ley felipista del año 85, la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide la división de poderes".

Carlos Hernández. "La política tiene una capacidad de expansión, de hipertrofia absoluta que intenta introducirse en todos los sectores sociales e invadir otros poderes. Y al final lo ha conseguido".

w Francisca Simonet. "Todavía estamos estrenando nuestra democracia. Nuestros gobernantes son un reflejo de la sociedad. Defiendo las autonomías porque fomentan la participación responsable de los ciudadanos. En la acción pública se necesita la introducción de normativas sobre financiación de los partidos políticos y de los ayuntamientos. Pero ante todo, se requiere mayor participación democrática y de la ciudadanía.

Carlos Hernández. "Hay una cuestión que no se ha comentado: La existencia de infinidad de funcionarios que no han hecho bien su tarea, ya sea por miedo a perder su empleo o porque no han sido diligentes. La legislación permite una serie de controles, pero se han visto superados. Hay un caso que nos viene como anillo al dedo: Los colaboradores en las estafas de phishing en internet, que cogen el dinero y lo envían de un lugar a otro a cambio de una comisión. Pues bien, el Tribunal Supremo elabora una doctrina donde define esta actuación como inconsciencia o ignorancia deliberada, es decir, ´yo no sé nada porque no quiero conocer lo que ocurre, pero participo y obtengo una rentabilidad´".

–¿Qué consecuencias provoca en nuestra sociedad?

Javier Capó. "En el tema de la corrupción juega un papel importante que en el proceso administrativo y político exista un amplio margen de discrecionalidad y libertad. Desde el plano económico, disuade la innovación y el progreso empresarial, puesto que las empresas no compiten a través de procesos productivos o de calidad, sino que pugnan por la capacidad de influencia política y, en definitiva, el soborno. Es un despilfarro de recursos. Por otra parte, quiero puntualizar que las personas que no caen en la tentación es porque el coste moral no les compensa. La corrupción tiene otro efecto negativo: expulsa a los mejores y a los más éticos".

Catalina Cantarellas. "Tal como está montado el sistema, el mismo cuerpo elimina a los más validos. De la corrupción ya hemos hablado demasiado. Ya no vale la pena hacerlo más. La situación política no se reduce a la corrupción. Una de las bases de toda democracia es la educación, pero pensar no interesa. En este estado de cosas conviene el pensamiento en blanco y, si se puede, el único. Hay una crisis económica pero no escucho propuestas que no sean capitalismo, liberalismo o cualquier cosa para distraernos de los asuntos importantes. No se hace nada en favor de la separación de poderes.

Francisca Simonet. "Se debería modificar la legislación para mejorar la participación ciudadana y que las organizaciones puedan intervenir y sean escuchadas. También un cambio en los valores, donde el PIB no constituya el valor supremo. Una manera de vivir distinta, no cimentada en la obtención de cosas. Vivir mejor no radica en la cantidad de riqueza acumulada".

Catalina Cantarellas. "Coincido contigo. Mayor participación, que no sean grupos cerrados. El sistema político suizo supone un ejemplo porque los ciudadanos siguen con su trabajo pero también ejercen de parlamentarios".

Javier Capó. "Es verdad que la política es más que la corrupción, pero la dimensión que ha alcanzado el problema lo ha desbordado y es como un virus que ha infectado el debate político. Esto ha provocado una parálisis de la Administración. Los ciudadanos han pasado de una fase de desprecio y rabia a una etapa de impotencia y desafección. La gente está cansada y descreída".

Carlos Hernández. "Internet es un ejemplo maravilloso de herramienta de información y participación. Ahora la gente se plantea hasta qué punto los propios medios de comunicación están mediatizados por grupos empresariales. Además, los políticos influyen en un porcentaje elevadísimo en las informaciones que se difunden. Se ha creado una disociación entre lo que interesa al ciudadano y la información que se facilita. Internet elude esta situación y se pueden plantear situaciones como la de la manifestación contra la corrupción que se ha preparado. Internet nos hará libres".

–Algunas soluciones y una visión sobre el código ético propuesto por los partidos de gobierno.

Antoni Roig. "Lo importante es simplificar el modelo de gestión. Lo que no puede ser es que cada vez que surge un problema inventemos una ley nueva. Lo primero es hacer funcionar lo que ya tenemos. El código ético, ¿nos tomáis por tontos? Yo soy contrario a crear más comisiones, reglamentos... IB3 y la Televisió de Mallorca, ¡fuera! No sirven para nada, salvo para la promoción de quienes las han creado. Desde una visión anglosajona, el Consell de Mallorca sobra".

Catalina Cantarellas. "Opino lo mismo".

Antoni Roig. "Los consells de Menorca, Eivissa y Formentera no sobran porque, a diferencia de nosotros, ellos no tienen el Govern. En las comunidades autónomas uniprovinciales no existen las diputaciones. ¿Qué pinta el Consell de Mallorca? Una duplicidad más. El coste de gestión en este país es enorme y lo acabaremos pagando".

Carlos Hernández. "El ejemplo máximo es que en la conselleria de Agricultura hay más funcionarios que agricultores. Pero para engaño, las empresas públicas. Yo ya me conformaría si se suprimieran estas empresas que, en su mayoría, no prestan servicios esenciales. Sirven para esquivar las limitaciones presupuestarias, colocar personas y evitar el control de los funcionarios. Al final, todos los recursos de las entidades financieras se van en gran medida a cubrir la deuda del Estado."

Javier Capó. "La apelación a la ética y a ese pacto no sirve para nada en la medida en que no es obligatorio, tal como los propios políticos reconocen. La solución pasa por reducir los incentivos de los comportamientos corruptos: disminuir la burocracia y la regulación cuando sea factible y mermar el margen de discrecionalidad de políticos y funcionarios. Las decisiones deben ser más transparentes. En cuanto a los costes: elevar las consecuencias penales y que las implicaciones sociales y políticas resulten más evidentes. En este sentido, los ciudadanos tienen que asumir su responsabilidad. Por cierto, ha salido a colación el tema de las televisiones. En este sentido, la Administración ha pasado de ser un instrumento para servir al colectivo a tener unos comportamientos endogámicos, como una máquina que lucha en favor de su propia supervivencia. Hay actividades que se financian públicamente pero que no tienen sentido porque ya las ofrece el sector privado. Hay otras prioridades que por razones económicas y de equidad deben imponerse frente a excentricidades como la televisión".

Carlos Hernández. "Una de las cuestiones que resulta imprescindible es que todos los movimientos contables de la Administración sean accesibles al ciudadano. Ya lo planteó el diario Daily Mail en referencia a los partidos políticos británicos."

Antoni Roig. "De los gastos sólo se enteran los partidos que están en el poder. A la oposición le cuesta mucho acceder a la información sobre los pagos, y lo digo por mi experiencia de concejal de Palma".

Catalina Cantarellas. "Mientras tengamos el sistema que tenemos, no hay ninguna voluntad de dejar participar a los ciudadanos. Como ciudadana me siento insultada, ignorada..."

Javier Capó. "Los partidos políticos han adoptado un papel extremadamente paternalista. Nos tratan como si fuésemos tontos, sin capacidad para analizar las cosas y no explican las cosas que hacen porque dicen que son complicadas. Pero los ciudadanos tenemos el deber de exigir que nos lo cuenten y luego votar en consecuencia. A la hora de decidir el voto se hace un análisis simplista y hay una fidelidad partidista que a veces roza el fanatismo. Hemos entrado en una competencia de mínimos: se vota al menos malo".

Antoni Roig. "Tenemos los electores que tenemos. Mucha gente vota a los suyos, y son los suyos porque piensan que son de su estilo. Uno de los problemas que tenemos es la ley electoral. No me cabe en la cabeza que un partido minoritario en Mallorca [UM] decida gobierne uno u otro".

Catalina Cantarellas. "Con esta ley electoral, son los parlamentarios los que eligen todo, no los ciudadanos. Nosotros votamos listas cerradas. Elegimos grupos de poder bien constituidos porque no nos dejan optar por nada más. Se trata de una democracia ficticia".