La jueza de instrucción número 12 de Palma pidió ayer formalmente al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que asuma el caso Can Domenge, la presunta trama de corrupción político empresarial en torno a los solares del mismo nombre, al ver indicios de "prevaricación, falsedad, y malversación de caudales públicos", en la intervención del conseller de Turismo por Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, y del diputado en el grupo mixto del Parlament, Bartomeu Vicens, en la enajenación de dichos terrenos, entre 2005 y 2006 por el anterior Consell de Mallorca. El Alto Tribunal tendrá que decidir si asume el sumario por el caso Can Domenge, con la consiguiente imputación de los aforados, o si rechaza la solicitud de la magistrada.

Como ya se había adelantado, la jueza decidió ayer elevar a la sala de lo Civil y de lo Penal del TSJB una exposición razonada, dando cuenta de los indicios que ve contra Nadal, que también es edil en Palma y su voto es clave para la continuidad del equipo de gobierno, y Vicens, aforados por su condición de conseller y miembro del Parlament.

A principios de septiembre la instructora dictó un auto donde requería a otros encausados en el sumario de Can Domenge a depositar una fianza de 38,5 millones de euros para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias. Días después rebajó un poco esa cantidad, alegando un error de cálculo. Estos imputados son el hoy presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer; los ex ejecutivos de Sacresa, Mario Sanz Bernal y Joan Maria Pujals y el constructor mallorquín Ferrà Tur.

Básicamente, Nadal es sospechoso de haber favorecido, desde su puesto de vicepresidente del anterior Consell de Mallorca, gobernado por UM con apoyo del Partido Popular, a las empresas Sacresa Terrenos y Promociones y Construcciones Pedro Francisco Ferrà Tur.

Vicens era conseller de Territorio del Consell de Mallorca y Miquel Àngel Flaquer era titular del departamento de Economía y Hacienda en dicha institución. La jueza comparte las tesis de la fiscalía anticorrupción y de la acusación en nombre del empresario catalán, y ex presidente del Barça, José Luis Núñez y Navarro, partidarios de que el caso llegue a juicio.

La jueza sospecha que los inculpados adjudicaron los solares a la UTE Sacresa-Ferrá Tur "por un precio muy inferior al de mercado (60 millones de euros), mediante el artificio de poner (en el concurso) un precio máximo a la enajenación (30 millones)".

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