La mala coyuntura económica está provocando una caída en todos los índices de confianza de los habitantes de Balears, según se pone de relieve en la última encuesta realizada por la Fundación Gadeso. Según este informe, en estos momentos un 62% de los isleños considera que la situación de su economía familiar es "mala", un 31% la califica de "regular" y sólo un 7% la define como "buena". Pero además, un 18% de los encuestados considera que ésta va a empeorar a medio plazo, mientras que el 80% cree que no va a cambiar.
La situación del conjunto del archipiélago merece opiniones ligeramente más favorables. El 16% opina que la economía balear pasa por un buen momento, frente al 54% que observa la actual situación de las islas con pesimismo.
Un aspecto a destacar es la baja confianza que los ciudadanos tienen puesta en sus instituciones a la hora de resolver los problemas económicos, tanto por lo que respecta al Govern balear como al Ejecutivo estatal y a las organizaciones internacionales. En Mallorca, el Govern balear logra un aprobado (5,1 puntos), frente a los suspensos del Consell de Mallorca (4,7), del ayuntamiento de Palma (4,8) y del consistorio de Calvià (4,3).
Cuando se pregunta sobre cuáles son los principales problemas que existen para los isleños, destaca el de la economía familiar, mencionado por el 48,2% de los encuestados, seguido de la inestabilidad laboral, con un 47,9%; el acceso a la vivienda, con un 30,2%; y el paro, con un 26,5%. Por detrás aparece la inmigración, con un 23,2%. En este listado balear no figura la inseguridad ciudadana en los puestos de cabeza.
Crisis inmobiliaria
En cuanto a los principales problemas para el conjunto de la economía de Balears, aparece destacada la crisis de la construcción, señalada por un 72,4%. El coste de la vida en citado por un 53,1% de los encuestados, seguido de la inseguridad laboral y el paro, con un 47,2%. La inmigración alcanza el 46,8%.
Finalmente, al tratar los problemas emergentes, en el primer puesto aparece el futuro de los hijos (47%), seguido de la conciliación de la vida familiar y laboral (43%) y de la inseguridad socioeconómica (39%).
