Los dos despedidos del Principal por Moner le costarán al Consell 308.000 euros

La reincorporación, o no, de los trabajadores al Teatre Principal se conocerá esta misma semana

27.01.2016 | 07:46
Margalida Moner, exgerente.

El caso de los dos trabajadores del Teatre Principal despedidos en febrero de 2012, cuando al frente de la gerencia se encontraba Margalida Moner, le saldrá "caro" al Consell después de que el Juzgado número 1 de lo social de Palma los haya declarado improcedentes. Según anunció ayer el vicepresidente primero y conseller de Cultura, Francesc Miralles, "nos tocará pagar por los salarios de tramitación de los últimos cuatro años unos 260.000 euros"; y si no decidieran incorporarse a sus puestos de trabajo habría que añadir la cantidad de 48.000 euros.

Al igual que el secretario de Acción Sindical de la FSP-UGT, Miguel Ángel Romero, quien calificó, el mismo día en que se dictó sentencia –el pasado lunes–, de "mala decisión política" los despidos de Moner, Miralles dio la razón a los dos trabajadores, ambos delegados sindicales de UGT. "Estamos satisfechos con la resolución judicial", señaló.

Después de un periplo judicial que se ha prolongado durante cuatro años, el juicio se celebró el pasado 3 de diciembre y los afectados conocieron la sentencia que les daba la razón el pasado 25 de enero. "A día de hoy (ayer para el lector) no se ha solicitado su reingreso en el Principal", apuntó Miralles.

Antes de ser despedidos junto a otros seis trabajadores del teatro, uno de estos empleados se encargaba de gestionar las convocatorias de las ayudas del Principal a la producción escénica mientras que el otro formaba parte del área musical.

"Si decidieran reincoporarse al Teatre Principal –añadió Miralles– tendrían cabida en el organigrama del teatro. El Principal tiene un potencial y necesita manos y personal para desarrollar nuestras políticas".

La reincorporación, o no, se conocerá esta misma semana, puesto que los trabajadores despedidos deben transmitir su propósito antes de cinco días desde que conocieron la sentencia.

Desde un principio los dos delegados sindicales denunciaron que sus despidos eran nulos al vulnerarse derechos fundamentales relativos a la dignidad de la persona, la discriminación y la libertad sindical.

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