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Sobre este blog de Sociedad

Médico, escritor y columnista en el Diario de Mallorca desde hace 15 años. Entre la oncología y las palabras día tras día, aunque consciente de que, hombre de muchos oficios… Si les apetece más información, la encontrarán en: ...


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  • 05
    Octubre
    2014

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    Nuevo acoso a la lectura

    Hemos pasado, del negocio de la cultura, a la cultura del negocio. Y para los libros, un exponente de la misma, se avecinan tiempos sombríos. Las fusiones editoriales de los últimos años son, en buena parte, consecuencia de la crisis del sector, agravada por el auge de la lectura en formato digital (con descargas piratas que rondan en España el 85%). En 2013 se editaron un 25% de títulos menos que dos años antes, el IVA cultural no perdona y muchas librerías optan por el cierre… Pues bien: la última ocurrencia del Gobierno es otra estocada a la lectura, ya bajo mínimos, en este país.


    Según el Real Decreto publicado en el BOE de uno de agosto, a partir de 2016 las bibliotecas públicas habrán de pagar, a las Sociedades de Gestión de los derechos de autor y con cargo al presupuesto de la entidad, 0.004 euros por cada libro prestado y otros 0.16 por cada uno comprado, con excepción de las bibliotecas de centros educativos y aquellas situadas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Se deduce que muchas de esas cuatro mil y pico que existen en el conjunto del Estado, verán reducida en consecuencia su capacidad –ya en franco retroceso- para adquirir nuevas obras. Para completar el panorama cabrá recordar que la UNESCO recomendaba, para el conjunto de las bibliotecas de un país, contar con un mínimo de tres libros por habitante; a ese respecto, estamos en la cola de Europa (sólo por delante de Portugal y Luxemburgo hasta hace poco). En cuanto al gasto medio anual, ha descendido globalmente desde los 64 millones en 2008 a 41 en 2012. Si sumamos el efecto de la citada disposición, a nadie se le oculta el resultado aunque nuestros gobernantes prefieran otra perspectiva, y así, el Ministerio de Educación ha afirmado este mismo año que un buen indicador cultural es aquel que contempla las horas de conexión a Internet. No se analiza el para qué porque les importa poco que sea pornografía o física cuántica y, con semejante conclusión, ¿por qué habría de facilitarse el acceso a los libros?
    Los dineros por libro prestado o comprado se detraerán de los asignados a las bibliotecas, así que es oportuno reflexionar sobre quiénes saldrán beneficiados. En principio debieran ser los autores y, no obstante, albergo serias dudas al respecto, aunque nada de cuanto pueda suceder les venga de nuevas a los sufridos escritores. Ya están/estamos más que acostumbrados a no percibir, la mayoría, ese 10% sobre el precio de venta de las obras, y es que editores y lectores parecen creer que es más que suficiente compensación la que se obtiene con el placer de escribir para, encima, pretender cobrar por el trabajo. Pero a mayor hurto, las cantidades recaudadas no se abonarán a ellos, sino a unas Sociedades de Gestión (básicamente a CEDRO: Centro Español de Derechos Reprográficos) que serán intermediarias en el pago. ¿Pagarán a todos? ¿A ése que sólo fue leído diez veces, le abonarán los 0.04 euros de vellón? ¿Y si muchos no son miembros de Sociedad alguna o hubiesen renunciado explícitamente al cobro por préstamos? Ignoro cómo manejarán CEDRO u otras los dineros que les caigan, pero uno tiene la mosca tras la oreja cuando piensa en ésa que controla los derechos musicales, la SGAE, cuyo presidente, Teddy Bautista, fue detenido en 2011 junto a otros ocho directivos por apropiación indebida y falsificación de documentos.


    Más allá de lo anterior y a mi juicio más grave, es la tesitura a que están abocadas unas bibliotecas ya en dificultades para cumplir dignamente su misión con la actual financiación. Deberán adecuar sus programas informáticos a fin de cumplir con la normativa, lo cual supone dedicación adicional de un personal que puede verse reducido como resultado del descenso en los ingresos y, por lo que hace a la actualización de sus fondos bibliográficos, ya me contarán de sus expectativas y las de sus lectores tras abonar a las Sociedades interpuestas lo que, por mor de la citada ley, les corresponda.


    Por resumir, será mayor la escasez de libros recientes en las bibliotecas, aunque quizá sea precisamente lo que nuestros políticos pretenden: anclar a la población lectora y con pocos recursos en el pensamiento de una centuria atrás y cuyas obras, deduzco, estarán exentas de los derechos de autor. ¿Llevarse un libro a casa? Pues “La perfecta casada” de Fray Luís. Los autores actuales en la precariedad de siempre aunque hayan buscado la sombra, algunos, de unas Sociedades convertidas en azote, y lo de que un pueblo sin libros es un pueblo sin alma como sugería Brecht, a la vuelta de la esquina. Leer lo que uno apetezca será privilegio de quien pueda comprar, las bibliotecas continuarán su imparable declive y, el Estado, orgulloso por su incontestable aportación: transparente y adecuada a estos tiempos de crisis como no podría ser de otra manera. Parece que los esté oyendo. ¿Asumir el Ministerio esa carga económica? Es que no lo entendemos: se trata de favorecer a las Sociedades de intermediación a costa de las depauperadas bibliotecas, lo cual se enmarca en la decidida política de empleo que con tanta eficacia vienen gestionando. Y la lectura, un tema menor. ¿Estamos?

     

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