Desde junio del año pasado están prohibidas las llamadas que realizan las empresas domiciliadas en territorio del Estado español con fines comerciales o de publicidad sin el consentimiento previo de la persona destinataria.
La ley reconoce el derecho a no recibir llamadas directas o automáticas no deseadas con fines comerciales, es decir, lo que se conoce como spam telefónico, salvo que sean llamadas consentidas, para cumplir una obligación legal o bien para proteger intereses vitales como cuestiones de salud. Muchas de esas llamadas que se hacen son falsas y quieren intentar robarte algún tipo de frase o algo para poder acceder a tu cuenta bancaria.
