Los adoquines arrancados de la calle o los extintores vacíos del aeropuerto que fueron lanzados por los manifestantes contra la policía son parte de las armas empleadas, según el juez, en esa toma de El Prat, considerado un acto terrorista organizado e instigado por un grupo terrorista: Tsunami Democràtic. En aquel episodio violento se suspendieron vuelos, agentes y manifestantes resultaron heridos e incluso un ciudadano francés murió de un infarto. Todo, según el juez, imputable a Tsunami Democràtic y a sus creadores. Ahí, García Castellón ha situado a una docena de personas, encabezadas por Carles Puigdemont y también por la dirigente de Esquerra Marta Rovira, huida a Suiza en marzo de 2018. El magistrado ha pedido a las autoridades de ese país que localicen su paradero y al Tribunal Supremo que los enjuicie a todos por terrorismo. La Fiscalía ha vuelto a recurrir esta decisión. Donde el juez ve terrorismo, el fiscal aprecia desórdenes públicos, por lo tanto, inimputable delito de sedición. También insisten: no hay pruebas que impliquen ni a Rovira ni a Puigdemont en aquellos episodios de violencia en Cataluña.
