Varias madres denuncian malos tratos en un centro para personas con discapacidad intelectual de Gran Canaria

Varias madres del centro de atención a las personas con discapacidad intelectual de San José de Las Longueras, en Telde, denuncian presuntos malos tratos a sus hijos después de que la empresa que gestiona este recurso social haya notificado que dejaría de suministrar agua embotellada a los usuarios para darles agua del grifo.

Nerea Hernández, madre de una de las usuarias de este centro, explica que esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. "El agua será potable, pero ya se sabe qué le hace a las lavadoras y a los grifos; ni a los perros se les pone ya", afirma esta progenitora que sentencia que ya no se fía de esta empresa. "Ya no es el tema del agua, es que estas personas no se pueden defender y si les dan algo en mal estado para comer se lo comen". Según explica, se ha pedido a las familias que no estuvieran de acuerdo que envíen tres garrafas de cinco litros semanales para los internos y una botella de 1,5 litros cada día para los externos.

La incidencia con el agua, asegura, no es lo que más le preocupa. Afirma que su hija, de 35 años, llega a casa "con magulladuras y golpes", y, con bastante frecuencia, "orinada o con restos de heces en las bragas", lo que es, a su juicio, una prueba de que los usuarios no están bien cuidados en este recinto. Algunas de estas lesiones, concreta, son anteriores a la llegada de esta entidad, pero otras corresponden a este año.

Miedo

Amparo Tarín confiesa que le da miedo enviar a su hija de 30 años al centro. "Mis hijos dicen que si la mandamos nos la van a matar un día", asevera.

Esta madre cuenta que su hija ha recibido en varias ocasiones golpes en la cabeza que, incluso, han conllevado 14 puntos una vez y dos TAC. "También ha llegado con heridas en la pierna, moretones en un brazo, tirones de pelo y meada". Hace un mes, continúa, mientras su hija estaba en un programa de respiro familiar recibió una llamada para avisar de que su hija se había caído y le sangraba la boca. "No sabían explicarme qué le había ocurrido, primero, que se había dado con una silla, luego que se cayó, pero cuando les dije que debían llamar al 112 para llevarla al Hospital Insular y que yo iba para allá directamente me dijeron que ese no era su protocolo". Finalmente, la llevaron al CAE de El Calero y allí les informaron de que debía verla un maxilofacial en el hospital, a donde la trasladó su madre. "Dos semanas antes había llegado con la rodilla morada y tuvo problemas en el nervio".

Las quejas de Amparo Tarín no se centran en la empresa que gestiona ahora mismo el centro porque, concreta, las incidencias "no son solo del último año". Además, denuncia que "no hacen ningún tipo de terapias con ellos, ni musicoterapia, ni equinoterapia, ni talleres multisensoriales y ellos no son muebles. Aunque tengan 30 años siguen aprendiendo y cualquier avance, por pequeño que sea, es un logro". Añade también que "hay una piscina que no se utiliza y el servicio de rehabilitación funciona fatal".

Otra de las madres, Raquel Carballo, que tiene a dos hijos en este centro y se queja de constantemente tiene que reparar la silla de ruedas que usa uno de ellos "por la mala postura al sentarlo y por no manipularla como es". Afirma que esta silla tiene un coste de "7.000 euros, de los que la Seguridad Social solo aporta 4.000, y las roturas posteriores las tengo que pagar yo".

Estas madres y otros progenitores de usuarios de este centro se reunirán el viernes con el Diputado del Común, Rafael Yánez, que se ha interesado por las posibles irregularidades en este centro.

La empresa lo niega

Grupo 5, la empresa que gestiona los centros de atención a personas con discapacidad intelectual de San José de Las Longueras en Telde, el del Tablero, en San Bartolomé de Tirajana, el Reina Sofía, en Las Palmas de Gran Canaria, y el Obispo Padre Cueto, en Guía, niega que las incidencias se haya producido durante su gestión, si bien reconoce que es cierta la pretensión de suministrar agua del grifo a los usuarios.

Según explica su coordinadora, Grupo 5 "solo lleva 1 año, desde el 1 de octubre de 2022, gestionando este centro" y "en este tiempo no hemos recibido ninguna denuncia ni queja formal por parte de familiares de usuarios". Tampoco, añade, han recibido "sanción o notificación de irregularidades por parte de las autoridades encargadas de realizar inspecciones periódicas. La última, hace apenas dos semanas, no detectó nada anómalo ni observó ninguna irregularidad en el servicio".

Ameal, explica que a su llegada tuvieron conocimiento de "las quejas de una de las familias que han aparecido en medios, pero nos hicimos cargo de las mismas, y no tenemos constancia de nuevas quejas".

En relación con la pretensión de que los usuarios consuman agua del grifo, Ameal defiende que "es un tema importante que necesita una reflexión y estamos en conversaciones con el Cabildo para encontrar una solución" y puntualiza que "el agua de Las Palmas de Gran Canaria es potable para consumo humano, según los informes nacionales del Ministerio de Sanidad; en los pliegos de condiciones no se establece que exista de manera específica el uso de agua embotellada; y hemos ofrecido alternativas para mejorar el sabor vía osmosis y también la instalación de fuentes de agua". Además, Grupo 5 está "en conversaciones con el Cabildo para encontrar una solución", concluye.

Más inspecciones

El director del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Gran Canaria (IASS), Ricardo Redondo, explica que el viernes mantuvo un encuentro con los familiares y ya se ha comunicado a Grupo 5 que no puede suministrar agua del grifo a los usuarios. "Esta ha sido una decisión unilateral que no ha contado ni con la opinión de los familiares, ni de los usuarios, ni los trabajadores ni el IASS y se ha mantenido el suministro de agua embotellada". Además, indica el responsable insular, "hemos hecho seguimiento para garantizarlo".

Ricardo Redondo señala que esta medida que pretendía aplicar Grupo 5 afectaba a los cuatro centros que gestiona en la isla es "grave, insensible y contraria a la buena convivencia", y genera "desconfianza" entre los familiares. Por eso se ha requerido a la empresa para exigirle que mantenga el consumo de agua embotellada señalándole que lo contrario sería un incumplimiento del pliego. "Me preocupa que en esta línea de insensibilidad no esté [Grupo 5] a la altura de las exigencias de estos centros".

Tras lo ocurrido, asevera Redondo, "se ha incrementado la presencia de técnicos insulares en los centros y las inspecciones". En cuanto a las lesiones que denuncian los familiares, asegura que "son hechos puntuales" propios de las dificultades de trabajar con personas con discapacidad intelectual severa.

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