Una discusión por la tala sin permiso de 14 pinos de su vecina en la lujosa urbanización de Son Vida para ver el mar fue sometida ayer a juicio. La residente, que reclamaba inicialmente para su vecino cuatro años de prisión por un presunto delito medioambiental, aceptó ayer que el denunciado le indemnizara con la cantidad de 54.000 euros. La suma y el número de árboles quedaron establecida en un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
Los hechos que se han enjuiciado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número cuatro de Palma se remontan al año 2016. Un ciudadano británico, residente en la calle Galdent de Son Vida, contrató los servicios de una empresa de jardinería para la tala de 14 pinos. Los árboles eran propiedad de su vecina y el objetivo de esta actuación de deforestación era dotar de vistas al mar a su suntuosa vivienda.
En un principio, esta intervención estaba destinada a talar tres ramas delante de su mansión para despejar las vistas hasta otear el mar. En cambio, según la denunciante, esta actuación se tradujo en una tala masiva de árboles. Esta estimó que se habían derribado 34 pinos sin contar con ningún tipo de autorización para hacerlo.
A raíz de esta tala masiva de pinos sin permiso alguno, la dueña del solar donde se encontraban los árboles encargó un informe pericial a un ingeniero agrónomo. El perito debía efectuar una tasación en la que cifraba el alcance de los daños ocasionados por esta tala masiva. El experto calculó que las actuaciones encaminadas a devolver la parcela a su estado original alcanzaban un coste de 281.797 euros.
"Dos informes periciales solicitados por la perjudicada cifraban los daños en 700.000 euros"
La perjudicada no quedó del todo satisfecha con este informe y encargó otro estudio a un arquitecto. La ausencia de los pinos y la protección natural que estos le brindaban se había volatilizado. La residente consideró que estos pinos hacían de barrera para la erosión del terreno y para frenar la fuerza de una eventual riada. El especialista consideró que era preciso acometer una serie de trabajos de contención para proteger los terrenos y solares circundantes. Estos, sin la presencia de los árboles, habían quedado expuestos y se había aumentado considerablemente el riesgo de desprendimientos. La pendiente de un 80% de desnivel, a ojos del experto, multiplicaba este peligro. La actuación para subsanar todos estos riesgos se cifró en 352.649 euros.
«Fallo de control invigilando»
Además de estas elevadas cantidades de dinero, la denunciante solicitaba para su vecino una pena de cuatro años de prisión. Consideraba en su escrito que la tala de pinos se efectuó «con fines puramente caprichosos».
Por su parte, un informe del Seprona rebajó sustancialmente el valor de los pinos talados a 54.000 euros. Los expertos de la Guardia Civil consideraron que estos árboles eran de una especie sin especial protección ambiental. El fiscal reclamó esta suma.
Mientras, el denunciado adujo que los trabajos fueron encomendados a una empresa de jardinería y que él desconocía sus efectos, al encontrarse en el Reino Unido. De hecho admitió un «fallo de control invigilando». El pleito se saldó finalmente con el pago del autor de la tala de 54.000 euros a su vecina.
