El expresidente de los apartamentos Pullman de Palma ha aceptado la mañana de este lunes seis años de prisión, ante la Audiencia de Palma, al reconocer que habría perpetrado una estafa al alquilar pisos de fallecidos o de dueños ausentes y lucrarse con ello como si se tratara del propietario. Otros cinco procesados, entre ellos la esposa y el hijo del cabecilla, han admitido su participación en el fraude por el que, todos ellos, han sido condenados a otros seis años de cárcel. Solo uno de los acusados ha negado su participación en estos delitos y ha propiciado la celebración del juicio.

En un principio, la fiscal solicitaba por los siete acusados penas que sumaban 48 años de prisión. La representante del ministerio público acusaba a todos ellos de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa agravada, estafa procesal, falsedad en documento mercantil, falso testimonio, desobediencia y coacciones agravadas. En virtud del acuerdo de conformidad suscrito entre la acusación pública y seis acusados, estos han aceptado penas que suman 12 años y siete meses de prisión y multas de 7.560 euros.

Respecto al expresidente de la comunidad de propietarios de los Pullman y los Panams de Palma, la petición fiscal se ha rebajado de los 16 años de cárcel que solicitaba la Fiscalía inicialmente a los seis años y un mes de prisión, que ha aceptado en la sala.

Así, el considerado el cabecilla de esta trama ha admitido que había tenido acceso a la documentación de determinados pisos de los apartamentos Pullman y Panams de Palma. Gracias a ello era perfecto conocedor de cuáles de estos apartamentos se encontraban vacíos. Gracias a ello habría urdido una estafa junto a su mujer, su hijo y los otros encausados. Así, al menos cinco de estos inmuebles los habrían alquilado haciéndose pasar por propietarios de los mismos.

Se dio la circunstancia de que una de las inquilinas había pagado al presidente de la comunidad 10.000 euros en concepto de alquiler durante años. No obstante, no fue hasta el año 2017 cuando el verdadero propietario se lo arrendó a la misma mujer.

A partir de entonces, el presidente de la comunidad, su familia y varios compinches empezaron a coaccionarla. Estos sujetos le cortaron la luz y el agua y la amenazaron repetidamente hasta que la víctima se tuvo mudar. Este mismo 'modus operandi' lo habrían perpetrado con los arrendatarios de otros apartamentos.

Otra de las maneras de coaccionar a los dueños de los pisos fue mediante la interposición de demandas, con la supuesta connivencia de un abogado. De esta forma les reclamaban el dinero por unas obras que nunca se llegaron a realizar. Mientras tanto, el presidente de la comunidad, su familia y otros compinches los alquilaban fraudulentamente a terceros.

De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, los juzgados en la mañana de este lunes en la Audiencia de Palma habrían tratado de hacerse con la propiedad de cinco apartamentos con procedimientos judiciales sin base alguna para ello. Asimismo, se construyeron edificaciones irregulares en zonas comunes del bloque de apartamentos.

Por su parte, este abogado se ha negado a aceptar los hechos de los que le acusaban y ha rehusado aceptar el acuerdo de conformidad del resto de procesados. La fiscal solicita para él siete años y medio de prisión por los presuntos delitos de estafa y de falsedad documental.