La Audiencia Provincial ha condenado a seis miembros del clan del Seco a penas que suman 20 años y medio de prisión por vender drogas en varios domicilios de la zona de Verge de Lluc, en Palma. El tribunal considera probado que los acusados se dedicaron a distribuir cocaína, hachís y marihuana durante los primeros meses del año 2019, hasta que fueron detenidos en una operación de la Policía Nacional. Los magistrados absuelven en la sentencia a un séptimo implicado al no quedar acreditada su implicación en la venta de estupefacientes. Los procesados, dos de ellos con antecedentes penales por el mismo delito, deberán hacer frente además a multas de hasta 30.000 euros.
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El fallo concluye que los seis condenados controlaban tres activos puntos de distribución de drogas, dos de ellos en la calle Goya y otro en la calle Moreneta, entre febrero y marzo del año pasado. La Policía llevó a cabo diversas vigilancias ante las sospechas de que en los inmuebles se vendían estupefacientes y acabó llevando a cabo sendos registros. En los pisos se incautaron de diversas cantidades de hachís, marihuana y cocaína, así como dinero en efectivo.
Los magistrados rechazan la petición de los abogados defensores de anular el procedimiento judicial. Los letrados plantearon que el auto que permitió a los investigadores allanar las viviendas no era válida, ya que se basaba en un informe policial en los que a su entender no había indicios suficientes para vulnerar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Los jueces rechazan esta tesis y consideran que la investigación policial tenía la entidad suficiente como para autorizar los registros de los inmuebles sospechosos.
La sentencia no da credibilidad a la versión ofrecida por los traficantes en el juicio. Todos se desvincularon de la venta de estupefacientes con diversos argumentos y rechazaron responder a las preguntas de la fiscalía.
Con todo, el fallo impone a los acusados penas de entre dos y cuatro años y medio de prisión por delitos contra la salud pública. A dos de ellos se le aplica la agravante de reincidencia, puesto que ya habían sido condenados por vender drogas. Uno de los acusados, de nacionalidad paraguaya y en situación irregular en España, será expulsado del país cuando cumpla dos tercios de la condena. El fallo no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior.